La crisis del agua está empeorando, se necesita una respuesta urgente, afirmó David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente quien pidió una atención global sólida y rápida toda vez que el cambio climático se ha convertido en un "multiplicador de riesgos" que agrava la contaminación, la escasez y los desastres.
Mediante un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos se advierte que "el uso humano del agua, la contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas acuáticos continúan acelerándose debido al crecimiento de la población, el crecimiento económico, la emergencia climática, el cambio de uso de la tierra, el extractivismo, el uso ineficiente del agua y una planificación, regulación y aplicación deficientes".
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"Tres cuartas partes de todos los desastres naturales en los últimos 20 años estuvieron relacionados con el agua, incluidas inundaciones, deslizamientos de tierra y otros eventos climáticos extremos", enfatizó el experto.
Afirmó que se deben tomar medidas correctivas de manera rápida y sistemática, con prioridad en mejorar las condiciones de las personas más vulnerables. "La mitad de la población mundial vive sin un saneamiento administrado de manera segura y que se necesitan acciones urgentes para ayudar a los más de tres mil millones de personas que carecen de acceso a agua potable o enfrentan escasez periódica de agua".
El informe Derechos humanos y Crisis de agua refiere que la contaminación del agua, la escasez, los desastres y el daño a ecosistemas tienen impactos importantes en una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, el agua, el saneamiento, la alimentación, un medio ambiente saludable, un nivel adecuado de la vida, el desarrollo, la cultura y los derechos del niño.
Destaca cinco pasos clave que los Estados deberían tomar, a nivel nacional, para abordar la crisis mundial del agua: preparar una evaluación del estado del agua; llevar a cabo una iniciativa de mapeo legal; desarrollar planes relacionados con el agua que incorporen un enfoque basado en derechos; implementar y hacer cumplir las leyes, regulaciones y estándares relacionados con el agua.
Además, evaluar los avances y, de ser necesario, fortalecer las acciones para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. Y dos acciones adicionales en cada paso del proceso: desarrollar capacidad humana, financiera e institucional; e informar e involucrar al público, en particular a las mujeres y los grupos vulnerables y marginados.