Informes de AMLO del 11 de marzo y 1 de julio de 2019 son propaganda oficial: TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral indicó que la propaganda gubernamental debe ajustarse a las limitaciones Constitucionales.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los informes del presidente Andrés Manuel López Obrador del 11 de marzo y 1 de julio de 2019 no son ejercicios de rendición de cuentas sino actos de propaganda gubernamental.

En sesión virtual, los magistrados ordenaron a la Sala Regional Especializada que en un plazo no mayor a siete días emita una nueva resolución en donde analice si el mandatario federal incurrió en propaganda personalizada y cometió delitos electorales.

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El magistrado, Felipe de la Mata indicó que este tipo de eventos no se enmarcan "dentro del contexto constitucional y legal de los Informes de Gobierno". "No pueden considerarse por sí mismos un ejercicio de rendición de cuentas y por supuesto no pueden ser equiparados a informes anuales, informe de labores pues hay uno en términos de la Constitución y es el 1 de septiembre\u2026 Ahora el tema es si son propaganda gubernamental, y por supuesto que lo son, porque por propaganda gubernamental se deben comprender todos los actos que tienen la finalidad de difundir logros, programas de gobierno y generar aceptación en la ciudadanía".

Por su parte, la magistrada, Janine Otalora indicó que la propaganda gubernamental debe ajustarse a las limitaciones Constitucionales y le es exigible la mesura, neutralidad y no influir en la equidad de la contienda electoral. "Se trata de propaganda gubernamental, por ello comparto que la Sala Regional Especializada deberá analizar si existe o no una incidencia en materia electoral, consideró que actos de comunicación gubernamental deben ajustarse a informar a la ciudadanía de las actividades que se llevan a cabo desde el gobierno".

El PAN y el PRD denunciaron que con la difusión de estos informes el presidente, la secretaría Particular de la Presidencia de la República, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, "utilizaron recursos públicos; se realizó promoción personalizada; se vulneraron las reglas de informe de labores y el modelo de comunicación política, así como el principio de imparcialidad y la adquisición de tiempos en radio y televisión".