El Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo a los legisladores Emilio Álvarez Icaza y Ana Lucia Riojas Martínez para que la Fiscalía General de la República (FGR) les reconozca el carácter de víctimas y les brinde acceso a cuatro carpetas de investigación que se iniciaron por denuncias contra funcionarios que supuestamente beneficiaron a la empresa OHL México.
El órgano jurisdiccional resolvió que la negativa de la FGR de reconocer a los quejosos el carácter de víctimas "resulta inconstitucional", ya que "los actos de corrupción constituyen actividades nocivas que lesionan o ponen en riesgo tanto a las instituciones, actividades y recursos del Estado, que impactan desfavorablemente en un amplio sector de la sociedad o en la totalidad de ésta".
En noviembre de 2018, los legisladores presentaron cuatro denuncias en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos actos de corrupción por parte de la empresa OHL México.
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Argumentaron que el dinero probablemente sirvió para financiar campañas del gobierno del Estado de México, recursos que también beneficiaron a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Otras de las denuncias tienen que ver con un probable pago de 1.4 millones de euros que OHL México realizó en España para favorecer al Partido Popular; una más corresponde a la entrega de 3 mil 600 millones de pesos al Gobierno del Estado de México para financiar campañas.