El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió otras cuatro suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica.
Adicionalmente, otro impartidor de justicia, Rodrigo de la Peza, también concede suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica.
Los juicios de amparo fueron promovidos por 13 empresas: Eólica Santa Catarina; Eólica de Oaxaca; Bluemex Power; Energía y Proyectos Eólicos; Fuerza y Energía de Naco Nogales; Fuerza y Energía BII Hioxo; Fuerza Eólica de San Matías; Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria; Compañía Eólica de Tamaulipas; Compañía Eólica Vicente Guerrero; Compañía Eólica la Mesa; El Rollo Solar, y Juárez Renovables.
Información relacionada: De existir elementos, se investigará a Juan Pablo Gómez Fierro: Zaldívar
El impartidor de justicia argumentó que al conceder la medida cautelar, no se infringen disposiciones de orden público, ni se vulnera el interés social, ya que con ello no se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
Agregó que la concesión de la suspensión tendrá como consecuencia que se siga aplicando la anterior Ley de la Industria Eléctrica, la cual es reglamentaria de la reforma constitucional de 2013 en materia energética y con la que se buscó garantizar la libre competencia y concurrencia en el sector eléctrico, así como la protección del derecho al medio ambiente sano, en beneficio de la población en general.
Gómez Fierro mencionó que la colectividad está interesada en que se cumplan los objetivos del marco constitucional y regulatorio que buscan proteger los derechos mencionados, a través de la continuidad de políticas públicas que, en su momento, fueron aprobadas para que se generen nuevas fuentes de energía y se propicien las condiciones necesarias para que se ofrezcan precios más bajos para los usuarios finales.
Puntualizó que las normas reclamadas pueden afectar los derechos fundamentales a la libre concurrencia y competencia, en detrimento a los usuarios finales del suministro básico de energía.
Indicó que también podrían producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomentan la producción y el uso de energías convencionales, además de que desincentivan la producción de energías limpias.
Reiteró que la suspensión tendrá efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, no solo se les estaría otorgando una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector.