El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, para que se indague la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien autorizó la suspensión provisional de la reforma que impulsó el Ejecutivo federal sobre la Ley de la Industria Eléctrica.
López Obrador enfatizó que "un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez, titular del juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.
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"De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine, informe, si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", señala el el Jefe del Ejecutivo en su misiva ya enviada a la SCJN.
"Si mi petición es realmente procedente", subraya el presidente López Obrador solicita "que el Consejo de la judicatura y lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro".
"En este episodio, no omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos en especial de los más pobres", agregó.
El primer mandatario dijo que existe un "buró jurídico para oponerse a las obras que hemos emprendido para la transformación del país" integrado por empresas como Iberdrola, personas, como Claudio X González y el ex ministro José Ramón Cossío.
El primer mandatario mexicano asegura en su solicitud que "respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del poder judicial, pero ejerceré también mis facultades como presidente de la República, y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia".