El grupo parlamentario del PRD en la cplanteó la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraiga los litigios ante la oleada de amparos que se espera, llegue a los tribunales, contra la recién publicada Ley de Industria Eléctrica impulsada por el Ejecutivo Federal.
El diputado Antonio Ortega Martínez, también consideró necesario que la Corte emita una sentencia que norme el criterio a seguir por el Poder Judicial. Ello \u2013dijo- permitiría también frenar la persecución del Presidente de la República contra jueces, como está ocurriendo en el caso de Juan Pablo Gómez Fierro.
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El Secretario de la Comisión de Hacienda del legislativo, recordó que tanto diputados como senadores y gobernadores, han coincidido en la necesidad de incorporar a la Suprema Corte en este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica por lo que -subrayó- "esta es la oportunidad".
Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretendió dar la vuelta a una definición emitida en febrero pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte, y presentó ante la Cámara de Diputados, una \u2018iniciativa preferente\u2019 donde se modifican \u2013de nueva cuenta- aspectos fundamentales de la Constitución de la República.
El mandatario supo de las irregularidades jurídicas, y que habría un alud de recursos de inconstitucionalidad y amparos de todo tipo contra el contenido de su iniciativa". De hecho, afirmó, en los próximos días se esperan 300 más.
En este contexto -añadió- lo que procedería es que la Presidencia recurra a un Tribunal colegiado para intentar echar abajo la sentencia provisional y el fondo del amparo recién otorgados por el juez Gómez Fierro, quien se encuentra a la espera de un estudio a fondo sobre los reclamos de los afectados contra los actos que se desprendan de la publicación -en el Diario Oficial- de la Ley de la Industria Eléctrica; además de que también escuchará a la representación del gobierno.
Finalmente, a nombre de los diputados del PRD, Ortega Martínez hizo un llamado a los ministros de la Corte para que se ordene al Legislativo, realizar los ajustes pertinentes conforme mandata nuestra Carta Magna, con base en las resoluciones del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, así como de la sentencia emitida el 3 de febrero pasado por la Segunda Sala de la propia SCJN que declaró la invalidez de 22 disposiciones de la llamada "Ley Nahle".