En la Cámara de Diputados, arrancó la reunión de la Comisión de Vigilancia, donde comparecen el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares y otros auditores, para analizar y rendir cuentas, sobre los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 y en especial, las inconsistencias en la revisión del gasto del Gobierno Federal en la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
Aunque se esperaba que los congresistas cuestionaran directamente al titular de la Auditoría Especial de Desempeño, Agustín Caso, encargado de los cálculos sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto, el referido no acudió a San Lázaro.
Información relacionada: Diputados y ASF revisarán inconsistencias en fiscalización del NAIM
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Mario Alberto Rodríguez, explicó que la Auditoría notificó que por el inicio de las investigaciones en la materia el auditor especial Caso Raphael no estaría presente, aunado a que está sujeto a un proceso de separación temporal del cargo.
El puesto del funcionario será ocupado en el encuentro con los congresistas, por el director general de la Auditoría Especial de Desempeño, Tizoc Villalobos.
Al arrancar la comparecencia presencial en San Lázaro, el auditor especial de Gasto Federalizado, Emilio Barriga, defendió el trabajo de la Auditoría, al señalar que en esa instancia se hace un trabajo "excepcional y heroico".
Puntualizó que en estos momentos, a una semana de presentados los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2019, están corriendo los plazos de notificación a los entes obligados, y también, los 30 días que las autoridades fiscalizadas tienen para hacer aclaraciones y atender observaciones.
Aprovechó para recalcar que a partir del próximo mes de julio, estará en aplicación por completo el Buzón Digital permitirá realizar auditorías electrónicas y a distancia, con lo que mejorará el análisis de datos y el "mapeo" de patrones de conducta en los entes e instancias que reciben recursos públicos, como la simulación de licitaciones y el uso de empresas fantasma para triangular recursos públicos.