En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se anunció que se presentará iniciativa de reforma, para equiparar la asignación indiscriminada y sin justificación, de adjudicaciones directas de obras públicas, bienes y servicios, al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de los servidores públicos.
La diputada Mónica Almeida recalcó que un ejemplo del exceso cometido por el Ejecutivo Federal con las asignaciones directas, es el Tren Maya, ya que 45 de los 102 contratos entregados hasta el momento han sido por esa vía.
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Lo anterior representa un gasto de 27 mil 849 millones de pesos, el equivalente al 39 por ciento de lo asignado a ese proyecto.
Apuntó que de acuerdo a la revisión del gasto en esa obra, en curso en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se han encontrado irregularidades por 148 millones de pesos.
Almeida López recriminó que en la presente administración, como en anteriores, se esté haciendo entrega excesiva de adjudicaciones directas y también, se esté ocultando la información de grandes proyectos del Gobierno Federal, a través de herramientas como la reserva de los datos públicos.
Recordó que la norma vigente establece que las licitaciones públicas deben ser la norma en las adquisiciones y obras de gobierno, y la excepción, las adjudicaciones directas.
Entre 2010 y el 2018, los gobiernos respectivos hicieron el 72 por ciento de sus compras a través de adjudicaciones directas, y poco más de 17 por ciento por licitación pública.
Ello significa que en esos años y también en la actual administración, al menos tres de cada 4 contratos se están entregando de manera directa.