La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, perfila avalar, con algunas pocas adiciones la iniciativa preferente del Presidente de la República, con reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
El documento que los diputados analizarán y avalarán este viernes, en sesión semipresencial, incluye algunas precisiones menores de redacción; mientras que en artículos transitorios, agrega algunas disposiciones para dar más tiempo a las autoridades federales a armonizar la reglamentación del sector conforme a la reforma, y garantizar la legalidad de los contratos en la materia.
Asimismo, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta del envío, por parte del Ejecutivo Federal, del dictamen del impacto presupuestario de la iniciativa preferente.
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El material será turnado a las comisiones de Energía, Presupuesto y Economía, indicó la presidenta del recinto, Dulce Sauri.
En tanto, el dictamen que los diputados ya tienen listo y prevé avalar este viernes 19 de febrero, señala que se propone integrar un artículo transitorio referente a los permisos de autoabastecimiento, que serán revocados si se obtuvieron "en fraude a la ley".
Ello, para que los permisos eliminados, puedan ser sustituidos por "permisos de generación" conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica.
Los congresistas plantearon añadir un artículo transitorio para señalar que "se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto".
En otro cambio, se amplía el plazo de seis meses a 180 días naturales, para que las autoridades del sector energético hagan las modificaciones necesarias a los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios en materia de energía eléctrica, a fin de armonizarlos con la reforma.
Una modificación más establece, en el artículo quinto transitorio, que los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes, deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal.
En su caso, dichos contratos "deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada". En esta modificación, se agregaron las palabras "su legalidad".
En el artículo cuarto transitorio, se añade que los permisos de autoabastecimiento con sus modificaciones que sigan surtiendo efecto jurídico, "obtenidos en fraude a la ley" "deberán ser revocados". La frase "podrán ser revocados" cambió a "deberán ser revocados", y se agregó que ese procedimiento se realizar conforme a lo previsto en la "Ley de la Industria Eléctrica", es decir, lo propuesto por el Presidente de la República.
La Comisión planteó que la iniciativa debe aprobarse prácticamente en los términos planteados por el Ejecutivo Federal, porque su fin es rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que garantiza el suministro de electricidad "para la seguridad nacional", confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, y tarifas bajas para el usuario.
Consideró que la propuesta no implica dar trato preferencial a CFE en perjuicio de los competidores del sector.
Ratificó que al Estado le corresponde la rectoría, planeación, conducción y coordinación de la actividad económica nacional.
Manifestó que los cambios no violan la Constitución, ya que es facultad del Estado la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional y el Servicio Público de Transmisión y Distribución; el sector energético es estratégico y su rectoría corresponde a la autoridad federal.
Coincidió con el Presidente, en que la Nueva Política Energética requiere ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica, para revertir la imposición de la generación privada, en grave perjuicio de la CFE.
Planteó que es preciso modificar la jerarquización del despacho de las centrales eléctricas, a fin de poner en primer lugar la energía generada por hidroeléctricas de CFE; en segundo lugar, la generada en otras plantas de CFE como la nuclear, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas; en tercer lugar, la energía eólica o solar de particulares; y en cuarto lugar, la generada en ciclos combinados de empresas privadas.
Refrendó los argumentos del Ejecutivo Federal sobre las condiciones de competencia desleal y comercio desfavorable para CFE, con la operación de generadores privados, en las condiciones de la ley vigente.
Enfatizó que la reforma es "antomonopólica" y busca establecer "piso parejo" para la CFE en el sector; así como "prescindir del parámetro de costos variables y sustituirlo por el concepto medular de costos totales", con el fin de dejar de favorecer la generación renovable sin tomar en cuenta sus altos costos fijos, e impedir que la Comisión siga siendo desplazada por los generadores privados.
Argumentó que el "sistema tarifario de precios" que se actualizará conforme a la inflación, se logrará modificando el orden de prioridad en el despacho de energía, para que las plantas de CFE queden en primer lugar.
Recalcó que será obligación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), invalidar los contratos de autoabastecimiento y sus modificaciones, a través de actos que resulten "fraude a la ley", ello, otorgando audiencia previa a los involucrados.
Subrayó que la propuesta del Ejecutivo Federal se centra en "rescatar" a CFE, por ser una empresa estratégica y que garantiza mantener tarifas bajas para los usuarios.
Estableció que será obligatorio que los permisos del sector estén sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional que emita la Secretaría de Energía (SENER).
La entrega de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha del inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas; y el Suministrador de Servicios Básicos no tendrá más la obligación de comprar por subastas.
Prevé la revisión de la legalidad y rentabilidad de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica, firmados por productores independientes, lo cual "no implica una violación al principio de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 constitucional", puesto que sólo se busca garantizar legalidad y rentabilidad "para el Gobierno Federal.
En su caso, dichos contratos deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada", dispuso la Comisión.