De manera simultánea, tres inmuebles presuntamente propiedad de Julio César Serna, exjefe de gabinete del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, fueron cateados por agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación con apoyo del Grupo Especial de Reacción e Intervención.
Tres equipos de la Fiscalía capitalina se desplegaron en un inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón, así como en Dakota 409, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
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También intervinieron en el inmueble marcado con el número 139 de la calle Santiago, en la colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, donde esta mañana la jefa de Gobierno instaló el gabinete de seguridad y la mesa para la reconstrucción de la paz.
Los agentes ministeriales llevaron a cabo los cateos con base en una orden judicial como parte del proceso de la investigación complementaria que otorgó por seis meses un juez de control.
Autoridades de la Fiscalía señalaron que el objetivo de dichos cateos es obtener información sensible del imputado Julio Serna, quien en el último tramo de gobierno de Miguel Ángel Mancera coordinó el gabinete y la oficina del exfuncionario.
No se reportó la detención de ninguna persona y el material incautado quedó a disposición de la fiscalía que realiza las investigaciones en la etapa complementaria.
La FGJ acusa a Julio Serna del delito de enriquecimiento ilícito, debido a que las investigaciones detectaron al menos 19 inmuebles que pudieran haber sido adquiridos de manera ilícita.
Las acusaciones contra uno de los hombres de mayor confianza del ahora senador Miguel Ángel Mancera surgieron de los informes, documentos y declaración de Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Financieras de la CDMX.
Vásquez se acogió el criterio de oportunidad y se convirtió en testigo colaborador de la fiscalía capitalina, por lo que aportó datos precisos sobre la contratación de empresas "fantasma" para la recuperación del ISR de empleados de gobierno.
Sin embargo, las investigaciones demostraron que el referido trabajo lo realizaron empleados de la Secretaría de Finanzas y e pago a las empresas derivó en una estafa a las finanzas públicas de la ciudad.
Ulises Lara, vocero de la fiscalía, reveló el 28 de noviembre pasado que con base en las investigaciones hechas a la evolución patrimonial del aprehendido, los bienes con los que cuenta y los gastos que realizaba no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó.
"Derivado de las investigaciones desarrolladas, fueron localizados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México cinco bienes inmuebles y un espacio de estacionamiento que no están contemplados en declaraciones patrimoniales; tres de ellos y el estacionamiento, ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón, y los otros dos en la alcaldía Benito Juárez”, dijo.
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, además, existe registro de una razón social y 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses", indicó.
@amarilloalarcon