A tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera dos fallos contra el Estado Mexicano por los casos "Alvarado Espinoza y Otros" y "Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco", este ha incumplido sus obligaciones internacionales de otorgarles a las víctimas verdad y justicia.
De acuerdo a Edith Rosales, una de las víctimas de Atenco, a la fecha no se han dado pasos significativos para investigar todos los niveles de responsabilidad incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, mientras que la Fiscalía del Estado de México continúa obstaculizando la investigación, al negarse a la atracción total del caso al fuero federal, sin tener más que una respuesta complaciente por parte de la FGR.
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Agregó que el camino que debió ser de justicia y reparación vuelve a victimizar a las personas denunciantes a pesar de que, en el discurso, el Estado se ha comprometido a cumplir con las resoluciones del Tribunal Interamericano, mismas que le son obligatorias.
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Aunado a lo anterior, ambos fallos también se relacionan por temas vigentes en materia de derechos humanos en el país, ya que la Corte IDH analizó en ambos casos distintos aspectos del actuar de las fuerzas de seguridad en el país.
En el caso Alvarado, por ejemplo, la Corte determinó que la seguridad ciudadana debe estar primariamente reservada a los cuerpos policiales civiles y que cuando de forma excepcional intervengan las Fuerzas Armadas, su participación deberá ser subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
El caso "Alvarado" versa sobre la desaparición forzada por parte de elementos del Ejército de tres integrantes de la familia Alvarado en 2009, en un contexto de profunda militarización en Chihuahua; por su parte, el caso "Atenco" se refiere a los hechos de tortura sexual y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de 11 mujeres en el marco del operativo policial del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
Revisar el incumplimiento de ambos fallos, a la luz de los estándares desarrollados por el Tribunal en materia de seguridad ciudadana, conlleva reconocer un retroceso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, que solo podrá revertirse si se dan pasos en los procesos de justicia, pero también en el cumplimiento de las medidas estructurales que ha ordenado el Tribunal, advirtieron.