El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, señaló que las normas que reservan la información pública por motivos de seguridad nacional no han sido un obstáculo para las tareas de fiscalización.
Lo anterior, al plantear su postura sobre el acuerdo recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el presidente de la República, que cataloga todas las obras y proyectos de infraestructura de su administración como asuntos de seguridad nacional.
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El auditor Colmenares Páramo fue cuestionado por integrantes de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, con los cuales sostuvo una reunión de trabajo presencial.
Reserva por seguridad nacional, no afecta fiscalización
Indicó que, conforme a su experiencia, la revisión del uso de recursos públicos en asuntos que ya están clasificados con la categoría de "seguridad nacional", por lo que la difusión pública de los mismos está restringida, no han afectado de manera negativa la aplicación de auditorías.
"Obviamente que tenemos que comportarnos conforme lo que marca la ley, los utilizamos en las auditorías y ahí se quedan en la información, si no, no podíamos hacerlas. No estamos teniendo ningún problema con el tema de seguridad nacional", recalcó.
Para ejemplificar, refirió que la ASF revisa las grandes obras de infraestructura del Ejecutivo Federal como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, sin que las disposiciones establecidas en el decreto presidencial referido impidan analizar el gasto en las mismas.
Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Terrazas y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Dulce María Villegas, consultaron al auditor Colmenares sobre el tema del acuerdo en cuestión y al que las fracciones de oposición en la Cámara se refieren como "decretazo".
La diputada Terrazas Baca preguntó si las labores de la ASF podrían verse afectadas negativamente con el acuerdo. La diputada Villegas señaló que ante las dudas sobre la transparencia de las mega obras del Gobierno Federal, la Auditoría debería informar cuáles de éstas están en proceso de fiscalización.