La Fiscalía General de Justicia capitalina y el gobierno de la ciudad, están empeñados en imponer su voluntad sobre el derecho de las víctimas directas e indirectas de la Línea 12 del Metro, a conocer los alcances del acuerdo reparatorio que signaron en octubre pasado con Carso construcciones.
El abogado que representa al mayor número de víctimas (20), Christopher Estupiñan, sostuvo que no es el ánimo de ambas instituciones transparentar el acuerdo suscrito el 28 de octubre pasado con la empresa encargada de construir el tren elevado de la L12.
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En cambio, la fiscal Ernestina Godoy alega que dicho acuerdo lo asiste la confidencialidad, pero esa afirmación es dejar fuera a las familias de las víctimas mortales y a los lesionados, que sólo piden conocer los términos, más no divulgarlos o revelarlos.
"Necesitamos saber, cómo y cuándo se van a aplicar los 800 millones de pesos que ya recibió el gobierno de la Ciudad de México, no es posible que en gobierno le esté dando prioridad a sus intereses que ya hay un acuerdo reparatorio por 800 millones de pesos.
"Con las víctimas no se ha generado ni siquiera una reunión con el representante de la empresa, entonces basta de mentiras y que la fiscal sigue mintiendo al público diciendo que están celebrando reuniones para construir un acuerdo reparatorio, eso no es cierto", afirmó.
El penalista sostuvo que los recursos obtenidos a partir de la tragedia, deben ser transparentados en su destino y uso.
"También exigimos transparencia en el uso de los recursos por más que quieran seguir mintiendo que los términos de ese acuerdo solamente incumple a las partes y debe ser confidencial, no es cierto.
"El gobierno está recibiendo 800 millones de pesos al erario público, dinero que tiene que transparentar su uso, considerando sobretodo que esta tragedia deriva de corrupción, negligencia y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos", afirmó.
Agregó en un mensaje a medios que la Fiscalía General de Justicia capitalina acrecienta la sospecha cuando encubre esos acuerdos que se llevan de manera sigilosa, en los que no se incluyen a las víctimas que tienen en el derecho humano y -también- constitucional, para acceder a la verdad y a la seguridad jurídica.
@amarilloalarcon