Las denuncias penales y administrativas presentadas contra consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por órdenes del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, carecen de legitimidad.
Ello, porque no cuentan con el apoyo de todos los integrantes de los órganos de gobierno en el recinto parlamentario, planteó la vicepresidenta de la Directiva, Marcela Guerra.
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La congresista del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que, si bien el diputado Gutiérrez Luna ejerció facultades previstas en la ley, como la de plantear ante la Suprema Corte controversias constitucionales, en el caso de los procesos penales contra funcionarios electorales, no tiene más que el respaldo de su partido político y aliados.
"Tendrá la facultad, pero no tiene la legitimidad para hacerlo porque no todas las fuerzas políticas están de acuerdo en eso", recalcó.
Presidente de la Cámara actuó a nombre de Morena, acusa
La diputada Guerra Castillo fue enfática en señalar que el presidente del recinto y también del Congreso de la Unión procedió sin consultar al resto de los miembros de la Mesa Directiva, porque actuó a nombre de su partido político y del Gobierno Federal al pedir prisión para consejeros electorales.
"Es una acción de Morena en la Cámara de Diputados, pero no de las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados", subrayó.
Consejeros electorales ejercieron facultades
Así como el diputado presidente del recinto hizo uso de sus facultades, los integrantes del Consejo General del INE actuaron en el marco de la ley tomando la decisión por voto mayoritario, de suspender temporalmente la organización de algunas fases de la consulta de revocación, planteó.
Lo anterior, con el fin de que la Suprema Corte emita un fallo sobre el diferendo en cuanto al monto de presupuesto que le fue asignado por la mayoría en San Lázaro, para 2022, y en el entendido de que ninguna persona o autoridad está obligada a lo "imposible".
Sin suficiencia material y presupuestal, el organismo electoral no podrá llevar a cabo como marca la norma, el ejercicio de participación ciudadana equivalente a la organización de una elección federal, recordó.
"Para que derecho se pueda ejercer, tienen que existir las condiciones materiales y financieras para que ese ejercicio se lleve a cabo y para ello, la Cámara debió de dotar en su momento al INE, de los recursos" suficientes, agregó.
Urge resolución de la Suprema Corte
La diputada Guerra agregó que la postura del partido Morena y sus legisladores federales son contradictorias y también peligrosamente antidemocráticas, ya que demandan al organismo electoral llevar a cabo la consulta de revocación, sin dotar de los elementos suficientes para que ésta se concrete en los hechos.
Ante tal situación, expresó, resulta urgente que la Suprema Corte de Justicia resuelva el fondo de las controversias presentadas por el propio INE, la Cámara de Diputados y recientemente, la Presidencia de la República. "La pelota está en la cancha de la Corte", remarcó.
Denuncias penales
La parlamentaria se pronunció en contra de que el presidente de la Cámara haya decidido llevar por la vía penal el diferendo con los integrantes del árbitro electoral.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra seis consejeros, fue inoportuna, inadecuada, atenta contra el equilibrio democrático, no resuelve el fondo del asunto, y lo más riesgoso, alertó, convierte la pluralidad y la diferencia de opiniones en motivo de cárcel.