La Cámara de Diputados no tiene previsto, hasta el momento, llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones en enero de 2022, recalcó el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Cházaro.
El congresista subrayó que no hay dictámenes pendientes que resulten urgentes como para justificar una convocatoria a sesiones extraordinarias en el recinto parlamentario.
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El asunto en que los legisladores concentrarán su atención al retomar labores el año entrante, será la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, cuya discusión en parlamento abierto ya quedó definida, recordó.
Si en el bloque de fracciones parlamentarias que encabeza la del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hay la intención de llamar a sesiones extraordinarias, se trataría de una imposición, porque entre los líderes de las bancadas no hay acuerdo, recalcó.
"No, yo que tenga información no hay tal, si se diera sería un albazo legislativo, no ha habido reuniones de la Junta de Coordinación Política, y tampoco hay ningún tema que amerite un periodo extraordinario para alguna situación que urja", enfatizó.
Mayoriteo en San Lázaro
El líder de los diputados federales del Sol Azteca señaló que, si en 2022 persiste la dinámica de someter a la Cámara a la agenda que marcan el Ejecutivo Federal y los grupos parlamentarios que lo respaldan, las mayorías "aplastantes" seguirán pasando sobre la pluralidad en el Legislativo.
Sin embargo, advirtió el parlamentario, en la presente Legislatura la mayoría de la bancada morenista y aliados es "precaria" e insuficiente para hacer pasar sin acuerdos con las demás fuerzas políticas, reformas constitucionales.
"Hoy que tienen una mayoría, muy precaria, por cierto, una mayoría solo de la mitad más unos cuantos, que se utiliza en las votaciones en donde no requieren a la oposición (\u2026) para aplastar las voces que pensamos distinto", apuntó.
Los legisladores del grupo oficialista no deben olvidar que cualquier reforma constitucional necesita de votación de dos terceras partes, por lo que están obligados a generar consensos y a modificar sus iniciativas de reforma, afirmó.