La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar el decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del 2022, sobre todo el recorte de 4.9 mil millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados.
El Alto Tribunal le concedió la suspensión al INE respecto a la forma en cómo se debe calcular las remuneraciones y demás prestaciones de los servidores del instituto.
Información relacionada: SCJN admite a trámite controversia del INAI contra ‘decretazo’
Sin embargo, rechazó otorgarle la medida cautelar con la que la autoridad electoral buscaba evitar hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar.
La Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación, tienen un plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación, para que presenten su contestación.
En su escrito, el INE solicitó la invalidez del anexo 1 del paquete presupuestal, en lo relativo al gasto neto total del Ramo 22 por el monto que fija por 19 mil 736 millones 593 mil pesos.
Del mismo modo impugna el anexo 32 en lo relativo a la reducción que consigna para el Ramo 22 por un monto de 4 mil 913 millones de pesos.
El instituto argumentó que dicho recorte, el cual careció de motivación o justificación, impide el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, en particular, la realización de la revocación de mandato que, en caso de ser solicitada por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo.
Ante ello, solicitó al Alto Tribunal que ordene a la Cámara Baja otorgar los recursos necesarios para organizar la revocación de mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado.
El INE y el Banxico también impugnaron el artículo 13 fracción II, así como los anexos relativos a la remuneración ordinaria total líquida mensual neta del presidente de la República.
Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre, en una de sus últimas resoluciones, el ministro Fernando Franco González Salas le otorgó la suspensión al Banco Central, con la cual sus funcionarios podrán percibir un salario mayor al del primer mandatario.
En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también promovió una controversia constitucional para impugnar el Presupuesto de Egresos.