Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ( MCCI), reveló hoy que una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela que surgió en los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto prestanombres y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro.
En una investigación hecha por dicha organización, identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas de Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares.
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Ese monto es el equivalentes a más de mil 200 millones de pesos, según consta en registros de comercio exterior.
¿Cómo operaba la red de empresas de alimentos?
La investigación señala que esa estructura de importadoras sustituyó a la que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab \u2013actualmente preso en Estados Unidos- y Samark López Bello.
De acuerdo con registros obtenidos por MCCI consta que entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello (Postar Intertrade) habían intervenido en la compra de alimentos a diez empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocidos como los CLAP.
“Las operaciones de esas tres compañías se suspendieron en 2018 luego de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al gobierno de Venezuela con sobrecosto, en un aparente esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal”, destaca la investigación.
Surge una nueva red
Ante esos hechos, MCCI señala que fue entonces que surgió una nueva red de envío de alimentos de México a Venezuela, a través de importadoras que han sido señaladas de servir como intermediarias de empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Entre las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de importadoras, señala la investigación, están cuatro establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela.
También con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país sudamericano.
El pasado 6 de agosto, MCCI publicó que Marín Sanguino se había establecido en México y con su esposa creó tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en el actual Gobierno federal para abastecer 361 mil cubrebocas al IMSS.
El esquema operó hasta 2020 y EU comenzó a investigar
La investigación señala que esta segunda red de envío de alimentos a Venezuela operó hasta mediados de 2020, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había iniciado una investigación a empresas y empresarios mexicanos que supuestamente formaban parte de "una red secreta" del régimen de Maduro para evadir sanciones por lavado de dinero.
Tras el anuncio del Departamento del Tesoro, realizado en junio de 2020, los envíos de alimentos de México a Venezuela se frenaron. En 2021, la red de intermediarias ya no tuvo ni una sola transacción comercial.
Operaciones simuladas de ‘factureras’
Según MCCI, esta red de importadoras no sólo sirvió para operaciones simuladas de "factureras".
También fue utilizada por otras empresas, como la Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) y la Empacadora Abeto SA de CV, cuyos accionistas han establecido sociedades de negocios con las venezolanas Patricia Mundarain y Mayerling Villanueva, ligadas a acusaciones de corrupción en su país de origen.
En 2019 se sumaron al envío de alimentos a Venezuela las empresas Comercializadora y Productora de Semillas Veracruzana SA de CV y Empacadora y Comercializadora de Granos del País, ambas vinculadas con IPEM y Abeto, con quienes han compartido socios, administradores y apoderados.
Entre 2019 y 2020, esas cuatro empresas relacionadas exportaron a Venezuela alimentos por 39 millones de dólares, según registros de operaciones en aduanas.
IPEM fue la empresa que ese periodo reportó el mayor monto de exportaciones a Venezuela, con más de 12 millones de dólares, a través de las importadoras Worldwide Food y Valor del Campo, de Panamá; Mass Joy, Jetsky Trading, Million Rise, Shinning Capital y Harrow Industries, de Hong Kong, así como B-Eminent Inc, de México, ésta última identificada por el SAT como facturera.
Un monto similar exportó Empacadora y Comercializadora de Granos del País, a través de Garfield Trading y Shinning Capital de Hong Kong y Megalco, de Venezuela.
En la lista de exportadoras de alimentos entre 2019 y 2020 también hay empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato, como es el caso de Alpacking, ubicada en el municipio de Apodaca, que envió lácteos a Venezuela por 8.6 millones de dólares con la intermediación de Gardfield Trading, de Hong Kong.
Vínculos con farmacéutica y petrolera en México
La hermana del director de IPEM, Iliana Sandoval Nieves, también ha tenido vínculos de negocios con Mundarain, a través de la empresa Neurova Life, que en marzo de este año recibió del Gobierno federal un contrato por adjudicación directa para abastecer de 361 mil cubrebocas al IMSS.
Neurova Life es una comercializadora de medicamentos e insumos médicos creada en abril del 2020 en la Ciudad de México, en la que Mundarain ocupa el cargo de comisaria.
Las accionistas de esa empresa son Iliana Sandoval Nieves y Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, un ex alcalde chavista con orden de aprehensión en su país.
Marín Sanguino fue Alcalde de la ciudad portuaria de Guanta y huyó en 2017 de su país, en medio de un escándalo de corrupción en la petrolera de Venezuela, que derivó en una orden de aprehensión girada en febrero del 2019.
Fue además inhabilitado en 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años por malversación de fondos en su gestión como Alcalde.
La esposa de este político venezolano creó en 2020 otra empresa en la Ciudad de México: Geopetsa Servicios Petroleros, en la que su paisana Patricia Mundarain también aparece como directora general y secretaria del Consejo de Administración.
Así, MCCI puso en evidencia la red de empresas para el envío de alimentos a Venezuela.