La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para que se garantice el derecho al trabajo digno de las personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios del país.
El documento recomendatorio está dirigido a los gobernadores y a la jefa de Gobierno, a los titulares de las secretarias de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y del Trabajo.
Así como del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a las autoridades de penitenciarias estatales.
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Destacó que según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 elaborado por la CNDH, en 15 centros federales se carece de actividades laborales y en el 84 por ciento de 165 centros estatales había limitantes para acceder al trabajo.
Por ello, solicitó a las autoridades implementar un reglamento específico que haga efectivo el ejercicio del derecho al trabajo para las personas procesadas y sentenciadas.
Además, propone diseñar programas educativos, de capacitación y/o certificación, tomando en consideración las capacidades, aptitudes, preferencias y habilidades.
De igual forma, pidió implementar programas específicos de capacitación y acceso al trabajo para todas las mujeres privadas de la libertad.
El organismo nacional considero necesario fomentar la adopción de ofertas de empleo y capacitación para las personas con discapacidad y constituir un Comité Nacional de Fomento Laboral Penitenciario que diseñe y establezca un monitoreo de vigilancia, seguimiento y evaluación de la política pública en esta materia.
Asimismo, solicitó que los titulares de los diversos sistemas penitenciarios proyecten y soliciten partidas presupuestales para fomentar el trabajo y la capacitación, además de detectar las necesidades específicas de cada centro penitenciario para diseñar programas emergentes a corto plazo que faciliten el ejercicio laboral de las personas privadas de la libertad.