La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó la mayoría de ocho votos para invalidar el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Con ello, el gobierno federal podrá seguir adquiriendo medicamentos en el extranjero por adjudicación directa y sin licitación.
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La norma no garantiza eficacia y honradez
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que con la aprobación de la reforma, el Congreso de la Unión no garantizó los principios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
Agregó que con ello se transgredió el artículo 134 de la Constitución, el cual establece que las compras públicas se harán en licitaciones que garanticen las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado.
"Este vicio se exacerba si se considera la amplitud de la excepción analizada y la falta de claridad en la redacción de la excepción impugnada. Bajo su amparo, una cantidad significativa de contrataciones públicas federales, se llevarían a cabo sin mecanismos legales concretos para acreditar los principios de correcto gasto público previstos constitucionalmente".
Arturo Zaldívar reprochó a la mayoría
Al hablar en contra del proyecto, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reprochó a la mayoría por no ponderar las consecuencias sociales de su decisión, y sostuvo que la salud es un fin que justifica plenamente la flexibilización del régimen de adquisiciones.
"Desvirtuar o desconocer las consecuencias de lo que votamos, simplemente por una manifestación de que esto no va a tener las consecuencias que evidentemente va a tener, me parece que no es serio. Si esta norma se invalida, por supuesto que tendrá complicaciones para que el Estado mexicano adquiera medicinas en un momento de pandemia, esto nadie lo puede negar, se puede asumir que quizás, desde la óptica constitucional de algunos de ustedes, esto no supere el test de constitucionalidad o el análisis, pero no desconozcamos la realidad de nuestras decisiones".
La Corte aún no concluye la discusión de la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición, ya que quedó pendiente otro argumento de invalidez, que no fue analizado en el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, quien en fecha por definir tendrá que presentar una nueva propuesta.