Los representantes de escuelas particulares estimaron que en los primeros días de la aplicación de la NOM 237, al menos 18 mil escuelas privadas se verían obligadas a cerrar sus puertas ante la imposibilidad de pagar el costo de las certificaciones a las que se verán obligadas.
De acuerdo con Jesús Nájera, consejero de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), la afectación de extendería hasta las arcas federales, ya que por este cierre dejaría de percibir al rededor de 2.5 millones de pesos de impuestos que actualmente aportan este número de instituciones.
Al dejar a los alumnos que reciben el servicio educativo en estas instituciones privadas sin el mismo, el gobierno tendría que hacer una inversión de 18 mil millones de pesos anuales para recibirlo en las escuelas públicas y garantizarles su derecho a la educación, esto a razón de 630 mil estudiantes que quedarían sin educación privada en un primer cierre de escuelas.
De acuerdo con Itzel Carmona Gándara, presidenta de la Asociación de Instituciones y Escuelas Superiores Privadas del Estado de Morelos (AIESPEM), solo esperan a que la NOM 237 aprobada el 24 de septiembre por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que se promuevan los amparos correspondientes.
Los representantes de escuelas privadas de todo el país, advirtieron además que la aprobación de la NOM solo beneficiará a al menos dos certificadoras presentes en las discusiones entre autoridades y escuelas identificadas como IT Lawyers y Ceidic, quienes en las mesas defendieron la aplicación de las normas, cuyos procesos costarían varios miles de pesos a cada institución educativa.
Finalmente aseguraron que no desistirán en la defensa de las escuelas particulares, ya que más allá del beneficio económico que se les atribuye a los propietarios, muchas prestan servicio en comunidades alejadas del país donde los estudiantes no tuvieron acceso a la educación pública.