Los programas de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, reportaron en 2020 anomalías como la entrega de recursos a beneficiarios que no cumplieron los requisitos e incluso, personas fallecidas.
Así lo identificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el segundo paquete de informes individuales de revisión a la Cuenta Pública 2020, entregado a la Cámara de Diputados.
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Anomalías millonarias
En la entrega de Apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras, la Secretaría de Bienestar debe aclarar el uso de más de siete millones de pesos; y en la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, todavía tiene que transparentar el uso de 96 millones 797 mil pesos.
Otras fallas detectadas en la aplicación de ambos programas, fueron la entrega de recursos a personas que no cumplieron los requisitos establecidos en la ley, falta de comprobantes de pagos y registro inadecuado de la información, entre otras.
Beneficiarios fallecidos
Respecto al programa de apoyo a Madres Trabajadoras, que sustituyó a las Estancias Infantiles, al que se aplicó una auditoría de cumplimiento, la dependencia encargada hizo pagos por más de 66 mil pesos a 19 beneficiarios, "después de su fecha de fallecimiento".
En el caso de personas con Discapacidad Permanente, hubo 324 beneficiarios fallecidos entre febrero y diciembre de 2019, que recibieron dos millones 246 mil pesos; y otros 662 beneficiarios que murieron entre enero y agosto del año pasado, pero de algún modo se les entregaron pensiones por dos millones 572 mil pesos.
Apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras
Cometió faltas en la entrega de comprobantes y recibos de pagos en el caso de 30 beneficiarios y un monto de poco más de siete millones por aclarar.
La Auditoría identificó la entrega de siete millones 68 mil pesos a 114 madres de familia, padres o tutores, así como a mil 293 menores de edad que no cumplieron con el requisito de tener Clave Única de Registro de Población (CURP).
La dependencia federal no acreditó la identidad de los señalados con una identificación oficial ni con el acta de nacimiento de los menores ni con el comprobante de entrega del apoyo.
Entregó 470 mil pesos a 278 niñas y niños que habían sobrepasado la edad prevista en las reglas de operación del programa; y en 64 pagos a 30 beneficiarios, no se cumplió con la entrega de comprobantes y recibos.
El Programa no contó con un sistema informático de seguimiento y supervisión que permitiera verificar cada uno de sus procesos operativos, comunicar o contar con información relevante y de calidad. Esa anomalía también se observó en 2019, lo cual refleja que Bienestar no atendió los problemas señalados.
El programa tiene "debilidades de control" en el contenido de sus reglas de operación, y fallas en la integración completa de expedientes de los beneficiarios, por faltantes de documentos.
Pensión Discapacidad Permanente
La ASF detectó la entrega de 77.3 millones de pesos, a cinco mil 393 personas cuyas Claves Únicas de identificación, aparecen en el Registro Nacional de Población como "inactivas o no válidas", por lo que el dinero podría haber llegado a personas que no lo necesitaban o bien usurparon identidades.
La Secretaría de Bienestar entregó hasta 13.3 millones de pesos a mil seis beneficiarios sin CURP.
También hizo pagos adicionales de entre uno y hasta seis bimestres, a un total de 142 beneficiarios. En esa irregularidad hay 882 mil pesos por aclarar.
Hubo 28 beneficiarios a los que el año pasado se asignaron dos diferentes registros, por lo que también recibieron apoyos dobles, hasta por 177 mil pesos.
Otros 21 beneficiarios mayores de 67 años de edad, y por ello superaron la edad máxima establecida en las reglas del programa, recibieron en suma 176 mil pesos.
En 168 expedientes se encontraron faltantes de documentos, lo que limitó la posibilidad de validar los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso al apoyo.
Todas las irregularidades cometidas en la entrega de pensiones por Discapacidad Permanente, dieron origen a 14 señalamientos de la ASF, en los que ocho dieron paso a un total de 12 recomendaciones, una solicitud de aclaración, una promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y cinco pliegos de observaciones.
La Secretaría de Bienestar tendrá hasta un mes de plazo para aclarar todas las irregularidades en que incurrió durante el año pasado y que fueron identificadas por la ASF.