En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado 757 denuncias penales contra servidores públicos ante diversas fiscalías y, actualmente, por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), da seguimiento y coadyuva con el ministerio público en 315 carpetas de investigación, incluidas las pendientes de sexenios anteriores.
Detalló que del 1 de diciembre de 2018 a octubre de 2021, presentó 198 denuncias penales, 165 de ellas radicadas en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, falsificación de documento y por otros delitos.
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Expuso que a través de los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado se han presentado 559 denuncias, la mayoría de éstas por los delitos de falsificación de documento, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.
De forma adicional, la dependencia ha impuesto 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 servidores públicos por conductas que constituyen faltas administrativas. "Las sanciones impuestas se dividen en amonestación privada, amonestación pública, destitución, inhabilitación, sanción económica y suspensión.
La Función Pública ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas, que deberá emitir, en su caso, la sanción correspondiente; 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por los OIC y las UR.