El Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, advirtió que el laudo emitido por la Junta Especial 10 que le ordena pagar más de 54 millones de dólares a los trabajadores no tiene validez jurídica y no se puede ejecutar.
Indicó que el pasado 19 de octubre fue notificado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de un laudo provisional, que a consideración de este gremio "contraviene la sentencia de amparo emitida por el Poder Judicial de la Federación".
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Destacó que este laudo pretende castigar a dicho sindicato, y que por ello se presentará una demanda de amparo.
Resaltó que la Junta Federal, así como las locales "que por décadas han representado un nido de corrupción sin ningún ápice de legalidad, ahora pretende imponer ilegalmente un laudo en contravención a un mandato judicial".
El sindicato minero insistió en que el origen del conflicto es cuando Grupo México incumplió con la entrega del 5 por ciento de acciones al Sindicato Minero, con la privatización de la Compañía Mexicana de Cananea y Compañía Mexicana de Cobre.
Dijo que, en 2005, se entregó el equivalente a 5 por ciento de las acciones después de un juicio y se estableció que las acciones son propiedad del Sindicato Minero.