Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), consideró urgente que se refuercen las acciones para evitar la comisión de feminicidios en los 69 municipios del país que cuentan con mayor incidencia.
A través de un comunicado, señaló que se requieren acciones focalizadas para atender a las familias de las víctimas de este delito y para evitar la repetición de los casos.
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Destacó que, conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de este año se registraron 672 carpetas de investigación por feminicidio, pero la mitad de estos casos se concentraron en 69 municipios del país.
De estos, en 20 municipios, ocurren una cuarta parte de los feminicidios, detalló la comisionada nacional, por lo que es necesario que en esos territorios se afinen aún más las estrategias de intervención.
Estos 20 municipios son Culiacán, en Sinaloa; Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua; Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan, en Jalisco; Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en Ciudad de México; Benito Juárez, en Quintana Roo; y Puebla, en Puebla.
Esta lista la completan Tijuana, en Baja California; Ecatepec, Chicoloapan y Tultitlán, en Estado de México; Guaymas y Hermosillo, en Sonora; Tapachula, en Chiapas; Irapuato, en Guanajuato; y San Luis Potosí, en San Luis Potosí.
Alanís Sámano expuso que varios de los estados a los que pertenecen los municipios de mayor incidencia de este tipo delitos, ya cuentan con el mecanismo de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), lo que les permite realizar acciones con mayor capacidad de focalización.
Sin embargo, en el caso de entidades como Ciudad de México, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y Tabasco, que aún no cuentan con este mecanismo, es importante que se articulen medidas específicas de prevención del feminicidio y de atención a víctimas y sobrevivientes de este tipo de violencias.
Finalmente, enfatizó que, con la llegada de nuevas administraciones municipales, y en algunos casos, también de autoridades estatales, se abre la oportunidad de reforzar las políticas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.