El proceso de desafuero contra el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, señalado por el delito de enriquecimiento ilícito, dio inicio en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, este jueves 28 de enero de 2021.
En sesión privada y virtual realizada el día de ayer, los integrantes de ese organismo jurisdiccional, determinaron por mayoría, no por unanimidad, abrir el expediente de declaración de procedencia, ello, en atención la solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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La Instructora tiene cuatro integrantes. El presidente es el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gómez; también participa su compañera de bancada, Martha Patricia Ramírez; la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anilú Ingram; y la diputada del PT, Ana Ruth García, quien habría votado contra el inicio del proceso.
Conforme a los tiempos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el procedimiento podría durar aproximadamente dos meses, a menos que la Sección requiera ampliar plazos.
Tendrá 60 días hábiles para realizar las diligencias que le permitan determinar si hay elementos contra el señalado, y si es procedente o no, retirarle la inmunidad procesal, es decir, desaforarlo.
Si en ese periodo la Instructora no puede emitir un dictamen, podría solicitar la ampliación de tiempos.
Si no es necesario la ampliación señalada, a finales del próximo mes de marzo o principios del mes de abril, estaría en condiciones de emitir dictamen, señalado si hay elementos o no, para quitarle el fuero al legislador.
Fue el pasado lunes 25 de enero, cuando la Fiscalía capitalina presentó y ratificó en el recinto, su solicitud de desafuero contra el exintegrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex delegado en Coyoacán, en el periodo 2012-2015.
Entre los pasos a seguir por la Sección Instructora, está el notificar al diputado Toledo Gutiérrez, sobre la presentación de la denuncia en su contra y el arranque del procedimiento.
El congresista del PT tendrá hasta siete días naturales, después la notificación, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga.
La parte acusadora, es decir, la Fiscalía capitalina, también será notificada formalmente sobre la radicación del expediente.
En cuanto ello ocurra, la Sección abrirá un periodo de prueba de 30 días naturales, durante el cual recibirá las pruebas del denunciante y también del denunciado.
En cuanto termine la revisión de las pruebas o instrucción del procedimiento, tendrá que poner el expediente a la vista del imputado, por un plazo de tres días naturales; y del acusador, por otro plazo de tres días naturales.
Ambas partes tendrán hasta seis días naturales, para formular alegatos por escrito.
Acto seguido, la Instructora formulará conclusiones y emitirá un dictamen.
Podrá proponer se retire el fuero, si encontró pruebas suficientes contra el imputado; o bien, declarar que no ha lugar a proceder en su contra por los hechos denunciados.
Si se determina la procedencia del desafuero, el Presidente de la Cámara anunciará que la misma se erigirá en Jurado de Procedencia, al día siguiente de la recepción del dictamen de la Sección Instructora.
El denunciado y el denunciante, deberán ser notificados de ello.
El dictamen de la Sección se presentará ante el Pleno de San Lázaro, erigido en Jurado de Procedencia.
Si la Asamblea declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado del cargo y ya sin fuero, sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.
En esta ocasión, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, la mayoría de los pasos del procedimiento de desafuero se llevarán a cabo a distancia.
La labor de la Sección Instructora es determinar si existen elementos para retirar la inmunidad procesal al señalado, de modo que los legisladores no lo juzgan. Determinan que podrá quedar a disposición de la autoridad ministerial, la cual se encargará de juzgarlo.
Al respecto, la bancada del PT, por escrito y en declaraciones de su vicecoordinador, el diputado Gerardo Fernández, y el vicecoordinador Benjamín Robles, expresó su rechazo al desafuero del diputado Toledo, y acusaron persecución política del gobierno de la Ciudad de México.
"La posición de nuestro grupo parlamentario, que consideramos que hay una persecución política contra el compañero Toledo", apuntó el vicecoordinador Fernández Noroña, durante la inauguración de la reunión plenaria del PT en San Lázaro, que se llevó a cabo la mañana de este viernes 29 de enero.
Antes, Fernández Noroña hizo lo propio en redes sociales.
"Estamos preocupados, hasta agraviados nos sentimos por un acto de persecución política contra de Mauricio Toledo. Nada más te quiero decir que hay testimonios, hay pruebas de que es una persecución política, yo ya ví esas pruebas, ya las escuché y nos preocupa mucho que exista eso. Que no podemos dejar de ser solidarios, así es que a Mauricio Toledo donde se encuentre, le mandamos nuestro respaldo", agregó el también vicecoordinador Benjamín Robles.
Por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aliados políticos y electorales del Partido del Trabajo, entre otros congresistas, la diputada Aleida Alavez, expresó su postura a favor del desafuero de Toledo Gutiérrez.
"Comisión Instructora de @Mx_Diputados actuará con total transparencia en el caso de la solicitud de declaración de procedencia contra @mauriciotoledog. Que quede claro, las cosas cambiaron; no somos lo mismo. @MarthaDiputada @PabloGomez1968 @fernandeznorona @lajornadaonline", expresó Alavez Ruiz, en su cuenta en Twitter, @ALEIDAALAVEZ.
La congresista habría señalado, en la reunión privada y virtual que los diputados federales de Morena realizaron el pasado lunes 25 de enero, que existen elementos de prueba suficiente sobre el enriquecimiento ilícito de su excompañero de partido.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro entró en polémica con el diputado Fernández Noroña, que pidió tratar con la misma prisa que el desafuero de Toledo, la solicitud de juicio político presentada por él, contra consejeros electorales.
La diputada Alavez le recordó al diputado Noroña, que en enero del 2018, él pidió expresamente desaforar y enviar a la cárcel, por actos de violencia en el marco de las elecciones de ese año, a quien ahora es su compañero de bancada y por ello, defiende.