Aunque México escaló seis posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 al pasar de la posición 130 en 2019 a 124 en 2020 de los 180 países evaluados; el riesgo de impunidad sigue latente, reportaron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
Destaca el documento que México se ubica junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán. "México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran".
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Señala que a pesar de que los datos muestran una tendencia positiva para el país, "México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014".
"Tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación", expone.
Refiere que en 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en México. "El riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente".
En medio de la pandemia de Covid-19, el informe pone especial énfasis en lo ocurrido en materia de corrupción durante la emergencia sanitaria.
Ante ello, recomienda a México fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Además, la ASF debe fiscalizar el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica. Mientras que el INAI debe concentrarse en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria.
En tanto que la Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.