La juez Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, emplazó al juez de control con sede en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, para que, en un plazo de tres días, remita la información que le sirvió de base concederle a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión contra Gilda Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la planta de Agronitrogenados.
La impartidora de justicia dio a conocer que a la fecha Zúñiga Mendoza no ha remitido su informe justificado que se le solicitó dentro del juicio de amparo que promovió Lozoya Austin, lo que hace suponer que es cierto el mandamiento judicial.
Ante ello, apercibió al juez de control para que "dentro del plazo de tres días, contado a partir de que conste en su poder el oficio que derive de este acuerdo, remita copia certificada de las constancias que le sirvieron de base para la emisión de los actos aquí reclamados o bien, manifieste su imposibilidad legal para hacerlo".
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Por este motivo, la juez Ortega Tlapa difirió para el 17 de febrero la audiencia constitucional, la cual estaba programada para el 25 de enero de este año.
El 3 de diciembre del 2020 se dio a conocer que el juez Zúñiga Mendoza libró, de nueva cuenta, una orden de aprehensión en contra de Gilda Lozoya, quien tramitó un nuevo juicio de amparo en el que señaló que el mandamiento judicial se libró el 29 de octubre del año pasado, dentro de la causa penal 211/2019.
La juez Ortega Tlapa admitió a trámite la demanda de garantías; sin embargo, no concedió la suspensión provisional, debido a que Gilda Susana no la solicitó.
La concesión de la orden de aprehensión en contra de la hermana del ex titular de Pemex se dio luego de que el 2 de octubre del 2020, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal le otorgó un amparo en el que dejó sin efecto la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En esa ocasión, los magistrados argumentaron que el mandamiento judicial carecía de fundamentación y motivación, relativo a la justificación de la necesidad de cautela, requisito indispensable para el libramiento de una orden de captura, por lo que ordenaron al juez de control se pronunciará de nuevo y dictará un nuevo fallo respecto a la solicitud de la FGR.
De acuerdo con las investigaciones, de junio a noviembre de 2012, se transfirieron más de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana.