Con la resolución de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinó el no ejercicio de la acción penal contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda, ha quedado confirmado el pacto de impunidad entre el Ejecutivo y las fuerzas armadas, reconocieron organizaciones nacionales e internacionales.
Ina Zoon, coordinadora de Proyectos Penales de la organización Open Society, reconoció que esta resolución abre la puerta al debate de la posición de las fuerzas armadas y su impunidad respecto a presuntos delitos que puedan atribuírseles.
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Por su parte, Jacobo Dayan, especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos, recordó que durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, este ofreció a los mexicanos justicia transicional y a su llegada al gobierno, lo único que ha hecho es realizar el proceso de militarización de la seguridad y la vida pública del país.
Por su parte, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, explicó que ha quedado en evidencia la falta de independencia y autonomía en las decisiones de la FGR sobre lo que quiere el Presidente, ya que para resolver de manera inmediata la situación del ex Secretario de la Defensa, dejó incluso de investigar posibles colusiones de elementos a su cargo de organizaciones criminal o su propia participación por acción u omisión en las acusaciones en su contra.
Los representantes de estas organizaciones resaltaron la oportunidad que representará la consulta que se realizará este año para determinar si se enjuicia a los ex presidentes por casos de corrupción, para la creación de una gran Comisión de la Verdad que permita no sólo analizar presuntos delitos violentos de ex funcionarios gubernamentales, sino este tipo de omisiones e irregularidades en la impartición de justicia.
Los representantes de las organizaciones lamentaron la resolución y advirtieron que los colectivos de víctimas podrán impulsar el análisis del tema Cienfuegos en instancias internacionales.