PRD pide transparentar cierre del penal de Puente Grande

Destaca el organismo que el acuerdo no plantea ninguna razón que explique detenidamente por qué motivos se cierra dicho centro penitenciario.

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan el acceso al centro penitenciario de Puente Grande / EFE
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La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, pidió al Gobierno federal a transparentar las razones por las cuáles se cerrará el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", también conocido como el penal de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco.

La coordinadora Verónica Juárez destacó que el acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este lunes 28 de septiembre, no plantea ninguna razón que explique detenidamente, por qué motivos se cierra dicho centro penitenciario.

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Tampoco apunta qué medidas se implementarán para garantizar el respeto a derechos humanos de internos y personal del citado centro.

La publicación oficial, agregó Juárez Piña, se limita a señala que es necesario aplicar procesos de modernización y reingeniería en materia penitenciaria, a fin de cumplir el objetivo de reinserción social de los sentenciados y la desincorporación y cierre de Puente Grande, facilitará el cumplimiento de esa meta.

Indica que el penal referido se desincorporará del Sistema Penitenciario Federal, cerrará sus puertas y respecto a los internos, serán trasladados a otros centros federales, aunado a que los trabajadores también serán reubicados.

Sin embargo, insistió la congresista, la autoridad federal no fundamenta de manera íntegra su decisión.

A la problemática que imperaba en Puente Grande, añadió, se sumó el tema del coronavirus que, hasta el mes de mayo, había provocado ocho casos positivos y dos decesos por Covid 19 entre internos.

Recordó que en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un diagnóstico en el que se señala que "mafias" del crimen organizado operan en penales federales, estatales y municipales; cobran a los internos por el acceso a servicios; cometen delitos como extorsión y venta de drogas; venta de espacios y privilegios; venden seguridad a los sentenciados; y en muchas ocasiones, superan al personal de custodia y seguridad.