Autoridades de la Secretaría de Gobernación informaron que la violencia contra las mujeres, más allá de reducirse, mantiene una tendencia al alza.
Al respecto, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), destacó que en el periodo de enero a agosto de este año se registraron 2 mil 551 muertes violentas de mujeres, lo que representa un aumento de 1.3 por ciento con respecto al mismo periodo del 2019 cuando se contabilizaron 2 mil 516 víctimas.
Asimismo, las llamadas de emergencia al 911 por hechos como abuso sexual, acoso y hostigamiento, violación, violencia de pareja y violencia familiar observaron un aumento de más del 45 por ciento.
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"En 2019, entre enero y agosto se recibieron 122 mil 217 llamadas; en el 2020, 23 mil 421, en agosto hasta llegar a 178 mil 31, esto quiere decir que en el mismo periodo de enero a agosto de 2019, enero agosto de 2020, hubo un incremento de las llamadas del 45.7 por ciento, la entidad que recibió más llamadas, con una tasa de 1.7 fue Chihuahua".
Ante ello, Alanís Samano comentó que ya se analiza la posibilidad de decretar la Alerta por Violencia de Género en esa entidad.
Al encabezar la conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra la Violencia; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la necesidad de impulsar una campaña de sensibilización entre personal de la salud y maestros para prevenir la violencia de género.
"Por qué es esto tan importante, porque el Estado no puede violar el domicilio privado, no puede violar ni violentar la privacidad de los hogares, seria invasivo; entonces, a la primera noticia que tenga el Estado sobre que se está realizando alguna violencia en el hogar, tiene que actuar, pero no puede ir al domicilio violentando la privacidad o la inviolabilidad de un domicilio privado".
Por su parte, la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez, denunció que integrantes del colectivo denominado Grupo Feminista, están cobrando 3 mil pesos a víctimas para que sus casos sean aceptados por Gobernación.