México tiene calificación de cero en materia de capacidad para enfrentar ciberamenazas y de 36.3 en ciberseguridad, de acuerdo a estudios hechos por instituciones internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), emitidos entre 2016 y 2020, advirtieron expertos en la materia.
Convocados a un foro de análisis organizado por diputados federales, investigadores y especialistas recalcaron que México no tiene una estrategia nacional de ciberseguridad, pese a que los ciberdelitos en su conjunto, afectan al 25 por ciento de la población.
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Recordaron que el sexenio pasado se implementó una primera versión de estrategia nacional de ciberseguridad, que perdió vigencia al finalizar la anterior administración, por lo que el país no cuenta con una herramienta de ese tipo.
"Una calificación que presenta el Índice Nacional de Ciberseguridad de la e-Governance Academy nos presenta que México tiene una calificación de 36.36 y cuando vemos en parte de protección, economía digital, cómo enfrentar ciberamenazas, la métrica es muy dura, nos pone una calificación de cero, vemos que no estamos preparados en ese contexto", apuntó Juan Manuel Aguilar Antonio, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, CASEDE A.C., y especialista de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ello, aunado a que las iniciativas de reforma en la materia, en el Senado y la Cámara de Diputados, son incompletas, confunden conceptos e incluyen elementos violatorios de derechos humanos.
"Y hablar que hay críticas contra las propuestas por ejemplo del senador (Miguel Ángel Mancera y de la senadora (Lucía) Trasviña, en cuestiones de que trasgreden los derechos humanos, o sea esta es una de las principales. Y justo uno de ellos, el doctor Mancera que es presentador de la Ley General de Ciberseguridad y está siendo hoy criticado por haber realizado actos ilícitos utilizando justo los medios del Estado para hacer espionaje. Es algo irrisorio y contradictorio, pero ahí está, hizo notar Adolfo Arreola, investigador de la Universidad Anáhuac México.
Agregaron que el costo del ciberdelito a nivel internacional y nacional tiene un costo ultra millonario, por lo que es urgente para México contar con normas en la materia.
"El costo del cibercrimen hoy en día está calculado para que en 2021 alcance un monto de entre tres y seis millones de millones, trillones, trillones de dólares estadounidenses para 2021, o sea, es una cantidad enorme lo que a nivel mundial el cibercrimen aporta como ganancia. En México de manera particular, afecta de acuerdo a con algunos informes de la revista Forbes, el cibercrimen al 25 por ciento de los mexicanos", agregó Arreola García.
"Hace un cálculo de que tiene un millón 400 mil y un millón y medio de pesos, por cada evento" asociado al ciberdelito, agregó.
La legislación faltante, apuntó, debe definir claramente los conceptos involucrados; establecer parámetros de colaboración entre las instancias gubernamentales, los sectores productivos y la sociedad; contemplar la cooperación internacional; e incluir una lista de ciberdelitos, entre otros elementos.
Los retos por enfrentar en materia de ciberseguridad, radican en definir de manera concreta ese concepto; determinar las medidas necesarias para contener y mitigar los efectos de cibereventos negativos, como el robo identidad y la suplantación, entre otros.
Identificar la estructura crítica en el país, susceptible a sufrir los efectos de ciberataques.
Desarrollar un diagnóstico de cómo está México en ciberseguridad, a modo de fundamento para la legislación en la materia.
Hace falta, reconocer la importancia de la ciberseguridad, así como el monto y costo de sus efectos; generar una cultura y una "doctrina" de ciberseguridad; reforzar los mecanismos de ciberseguridad en la iniciativa privada y con especial importancia en el sistema financiero.
Se requiere, aseveró el especialista, desarrollar planes de educación digital integrales y actualizados; y cuidar que todos los cambios legales en materia de ciberseguridad, garanticen el respeto a derechos humanos.