El gobierno federal interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del "impuesto ambiental" que creó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Dicho gravamen obliga a los empresarios gasolineros y gaseros a pagar 17 centavos por cada litro o kilo de bióxido de carbono generado por derivados del petróleo.
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La administración de Andrés Manuel López Obrador argumentó que con dicho impuesto, el gobierno estatal invade atribuciones de la Federación, ya que el artículo 73 de la Constitución reserva al Congreso federal imponer contribuciones sobre el petróleo y sus derivados.
Cabe recordar que en días pasados la Presidencia de la República interpuso otras dos controversias contra actos de la administración de Bonilla Valdez, una de ellas para impugnar el decreto para eliminar la caseta de cobro en la autopista Tijuana-Ensenada y la otra contra una ley para censar vehículos importados, incluidos los que ingresaron ilegalmente al país.