A fin de garantizar el derecho a la verdad, integrantes del Instituto Nacional de Transparencia a la Información y protección de Datos Personales (INAI) reiteraron su postura a favor de la apertura de información en poder del Estado sobre casos de violaciones graves a derechos humanos, entre ellos la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
El INAI sostiene que el acceso a la información relacionada con la investigación de este suceso es una condición necesaria para exigir justicia y la reparación del daño.
A 10 años de este lamentable hecho, el INAI expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y reitera su compromiso de ejercer a plenitud sus facultades para garantizar el acceso a toda aquella información en poder del Estado que permita acelerar los procesos de justicia en este y otros casos de violaciones graves a derechos humanos.
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Del 10 de septiembre de 2010 al 22 de agosto de 2020 se han presentado 208 solicitudes de información a diversas instituciones públicas sobre la masacre de los 72 migrantes, en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y el hallazgo de las fosas clandestinas, en 2011.
Asimismo, se han interpuesto 38 recursos de revisión ante el Instituto, de los cuales, uno está en proceso de resolución y 37 ya fueron resueltos: 18 en contra de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República; 3 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 3 del Instituto Nacional de Migración; 3 de la Secretaría de Marina; 3 de la Secretaría de Gobernación; 2 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y uno de la Policía Federal.
En su momento, el Pleno del entonces IFAI confirmó la reserva de la averiguación previa del caso, invocada por la Procuraduría General de la República, bajo el argumento de que el Instituto no podía pronunciarse sobre la existencia o no de violaciones graves a derechos humanos y, por tanto, no podía instruir la apertura de la información, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Sin embargo, tras 7 años de litigio, en abril de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la facultad prima facie del INAI para pronunciarse sobre la existencia de violaciones graves a los derechos humanos con la finalidad de garantizar el acceso a la información sobre estos acontecimientos.
En el ejercicio de esa facultad, el 29 de enero de 2020, el Pleno del INAI, a través de la resolución RDA 0791/12 TER, instruyó a la actual Fiscalía General de la República entregar la versión íntegra de la averiguación previa del caso.
Se determinó que es de interés público conocer la verdad de los hechos y las investigaciones relativas a violaciones graves de derechos humanos, por lo que no puede reservarse ningún tipo de información, documento o dato relacionado con la averiguación. Posteriormente, el 12 de febrero de 2020, mediante la resolución RDA 2486/13 BIS, el Pleno del INAI ordenó a la FGR dar a conocer la versión íntegra de la averiguación previa del caso.
Se advirtió que otorgar acceso a la información permitirá conocer las diligencias que lleva a cabo la autoridad para la investigación, detención, juicio y, en su caso, sanción de los responsables.
En la misma resolución, se resolvió que la Fiscalía debe entregar también los documentos que dan cuenta del lugar donde se encontraban, en 2013, los restos pendientes de identificar de las 47 fosas clandestinas localizadas en 2011, en San Fernando, Tamaulipas. Asimismo, el 5 de junio de 2019, a través de la resolución RRA 2233/19, el Pleno del INAI instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas revelar el monto pagado por indemnizaciones en el caso de la masacre de San Fernando, precisando fecha, nacionalidad y cantidad otorgada.
Anteriormente, el 20 de agosto de 2014, mediante la resolución RDA 1924/14, el Pleno del IFAI, ordenó a la Procuraduría General de la República entregar los documentos que contengan la información sobre la detención de 16 miembros de la policía del municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
Además de las resoluciones, para garantizar el acceso a la información sobre el caso San Fernando, el INAI, junto a las organizaciones Artículo 19, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, implementó el proyecto Memoria y Verdad.
La plataforma puso al alcance de las personas información sistematizada y accesible sobre hechos en los que se ha determinado la existencia de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, con el objetivo de brindar elementos para la construcción de la verdad y la memoria colectiva. Adicional al Caso San Fernando, la plataforma contiene información sobre los hechos de Atenco, Tlatlaya, Guerra Sucia, Acteal, Ayotzinapa 2011 y 2014, Campo Algodonero, Aguas Blancas, Tlatelolco, Apatzingán, Cadereyta y El Halconazo.
Mediante el acceso a la información y el trabajo coordinado con la sociedad civil, el INAI busca conjuntar esfuerzos para garantizar la no repetición de hechos violatorios de derechos humanos, contribuir a la construcción histórica de los hechos y lograr que los derechos que tutela el Instituto se conviertan en elementos tangibles y en herramientas útiles para la ciudadanía.