La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), lamentó que a diez años de la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando Tamaulipas, el estado mexicano sólo implemente políticas migratorias que buscan frenar y reprimir a las personas, lo que solo favorece a los grupos crimínales que hacen de las personas en movilidad un negocio para los grupos crimínales.
A través de José Guadalupe Torrez Campos, Obispo de Ciudad Juárez y titular de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, recordaron que el 24 de agosto de 2010, en el rancho Huizachal, un grupo de migrantes fueron ejecutados con el tiro de gracia en una bodega por negarse a colaborar con el crimen organizado, las víctimas provenían de Brasil, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador.
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De acuerdo a los obispos de México, estos hechos y otros como secuestro, extorsión y asesinatos siguen ocurriendo hasta la actualidad, lo que pone al descubierto la fragilidad del Estado Mexicano frente a la proliferación de grupos delincuenciales que han permeado todo el territorio nacional, así como la vulnerabilidad de toda la población frente a los criminales, pero especialmente de los migrantes quienes fácilmente caen en manos de éstos grupos crimínales.
"Como Iglesia, nos duele la situacio\u0301n por la que atraviesan muchos hermanos y hermanas migrantes y, nos solidarizamos con las familias de estos 72 y de todas las personas migrantes que han sido vi\u0301ctimas del crimen organizado en nuestro pai\u0301s y que hoy claman por justicia y verdad", concluye la CEM.