La Procuraduría Fiscal de la Federación ha logrado recaudar, a través de acuerdos reparatorios con grandes contribuyentes, cerca de 30 mil millones de pesos, a partir de las disposiciones que permiten a la institución, perseguir de manera más decidida la defraudación fiscal y a las llamadas "factureras", informó el titular del organismo, Carlos Romero.
En reunión virtual con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario confió en que los expedientes en los que se trabaja, comiencen a derivar en prisión preventiva oficiosa y órdenes de aprehensión contra defraudadores y factureros, a partir del mes de octubre y hacia finales del presente año.
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Al exponer los resultados de la más reciente reforma contra factureras y defraudación, que cataloga como delitos contra la seguridad nacional y delincuencia organizada dichas actividades, el procurador señaló que la pandemia por coronavirus ha detenido en cierta medida las acciones.
Señaló que en México, el problema de los factureros es "gravísimo".
De 2014 a 2018, implicó defraudación por 500 mil millones de pesos cada año, apuntó.
Detalló que al llegar al puesto, no encontró ningún caso contra grandes contribuyentes ni factureras, lo que deja ver que había trato privilegiado de autoridades anteriores hacia los involucrados.
"De estos casos, hemos llegado a recaudar alrededor de 30 mil millones de pesos, es dar un giro. Sin meterme en un tema político, pero creo que realmente ha sido un cambio porque estaban en cierta manera, había un respeto, una cierta, un cierto pacto, un cierto pacto donde a los grandes contribuyentes no se les iban a presentar denuncias penales", expuso.
Entre otras actividades, la Procuraduría se ha centrado en la celebración de "acuerdos reparatorios", antes de llegar a denuncias penales contra los grandes contribuyentes que, ante las nuevas disposiciones, se han acercado voluntariamente a la autoridad para ponerse al corriente y cumplir obligaciones.
Señaló que la Procuraduría trabaja en "armar casos relevantes". Hasta el momento ha presentado siete denuncias contra factureras, cuyos expedientes están en proceso de elaboración y fundamentación, para llegar a las cabezas de los grupos delictivos involucrados.
La reciente reforma, apuntó, está permitiendo a la Fiscalía "tener escuchas", realizar cateos y aplicar elementos novedosos como el "criterio de oportunidad".
Insistió en que a final del año, podrá haber casos de prisión preventiva oficiosa por delitos de defraudación, omisiones en el reporte de retenciones, uso de datos falsos para acreditar ingresos y declaraciones de pérdidas económicas inexistentes.
Hizo énfasis en el convenio firmado con el gobierno de Chihuahua para presentar denuncias por defraudación fiscal, mismo que en breve podría hacerse extensivo al resto de los estados de la República.
Aprovechó para anunciar que este miércoles 19 de agosto se firmará un convenio "marco" con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y ya se trabaja con todas las entidades para la firma de los convenios estatales.
A los estados de la República les conviene contribuir en el combate a la defraudación fiscal, porque todos los recursos recaudados a partir de esas acciones son participables, enfatizó.
Cuestionado sobre medidas "extra fiscales" para atender asuntos como el de la obesidad y el sobrepeso a través de impuestos especiales a la llamada "comida chatarra", indicó que la Procuraduría Fiscal no se pronunciará, por ser competencia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Sin embargo, consideró que existen razones suficientes en materia de salud, para justificar esas políticas "extra fiscales".
Consultado sobre el "criterio de oportunidad" que se está aplicando en casos como el de la empresa Odebrecht, manifestó que esa figura hará posible acreditar qué mando superior es el beneficiario de operaciones ilícitas, es decir, remarcó "se puede llegar a las cabezas".
En el caso de las factureras, se decidió ir contra sus abogados y asesores financieros, a los que se les ofrece apegarse al "criterio de oportunidad", para que revelen quiénes son los líderes de los grupos criminales, a cambio de la reducción de penas.
Expresó que en el país, el verdadero "deporte nacional" era la defraudación fiscal y la compra de facturas falsas, y en muchos de los casos los clientes fueron los propios gobiernos.