El juez Edgar Ulises Rentería Cabañez, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa con residencia en Nuevo León, suspendió por tiempo indefinido el proceso que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión para la designación del titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
El impartidor de justicia consideró que en este caso los aspirantes Ricardo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez Oropeza, no cumplen con los requisitos legales.
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Por este motivo, el juzgador otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y México Justo, ya que de continuar con el proceso se estaría violando la Ley Orgánica de la Prodecon.
Gerardo Carrasco Chávez, director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción, sostuvo que la resolución sienta un precedente importante para combatir aquellos procedimientos de funcionarios que no cumplan con los requisitos.
"Es un gran precedente, es un gran avance, esto puede llegar a ser replicado en otro tipo de procedimientos en donde se pretenda designar a personas que no cumplan con requisitos en cualquier otro organismo público. Si hay que reconocer y aplaudir la labor del Poder Judicial porque le están entrando a un tema novedoso y un tema que puede implicar muchas presiones políticas y descalificaciones que ya se han realizado por parte de algunas de las personas pertenecientes a la Comisión Permanente".
Carrasco Chávez destacó que la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador da cuenta de que el primer mandatario busca concentrar el poder a través de sus incondicionales.
"Estamos viendo ahora cómo un organismo que se encarga de servir a la ciudadanía, sobre todo a los contribuyentes, se está pretendiendo capturar. Realmente lo que preocupa aquí es la concentración del poder al margen de lo que establecen las leyes. Por qué se propone a alguien incondicional al Poder Ejecutivo por más que esto lo prohíba la ley, lo que podemos especular es que resulta ser un organismo que resulta incómodo para los intereses políticos del Poder Ejecutivo".
En su resolución, el juez advierte a las autoridades que en caso de desobedecer la suspensión dictada serán responsables del delito previsto en la Ley de Amparo que contempla la sanción de destitución e inhabilitación y pena de prisión de tres a nueve años.