La reforma a la Ley de Adquisiciones, aprobada por el Congreso de la Unión, que permitirá hacer compras de medicamentos e insumos de salud a proveedores extranjeros, a través de organismos internacionales es preocupante, discrecional, no prevé límites y promoverá mayor opacidad y corrupción, alertó la Red de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción.
Al fijar postura, el organismo advirtió que las compras y contratación de servicios para el sector salud en esa modalidad, quedarán fuera del control de calidad, precios, condiciones de entrega y evaluación previstas en la ley.
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A menor transparencia, más corrupción, refrendó.
La Red hizo énfasis en la decisión de los congresistas, de excluir las investigaciones de mercado como elemento para garantizar que las adquisiciones hechas conforme al marco legal señalado, se harán en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para el Estado.
"Queremos señalar que la facultad prevista en la reforma es altamente discrecional y no tiene límite alguno, pues deja abierto que pueda hacerse ese tipo de contrataciones en cualquier momento aún sin que exista emergencia sanitaria", remarcó.
Las disposiciones señaladas, abundó, no abonan a la transparencia en las contrataciones públicas en materia de salud, tampoco favorecerán la competencia entre proveedores.
"Mecanismos cerrados a la competencia (adjudicación directa o invitación restringida", tienen un mayor riesgo de corrupción", destacó.
Recordó que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y tratados internacionales firmados por México, y el artículo 134 constitucional, prevén que en las contrataciones públicas, debe promoverse la libre competencia, abierta, transparente, imparcial, con trato justo y equitativo a los proveedores, licitaciones que garanticen compras más eficientes.
Sin embargo, los cambios aprobados en el Congreso van en sentido contrario, ya que la ciudadanía no podrá evaluar las compras que se realicen en esa materia, a las cuales no aplica ningún mecanismo de control.
"Lo anterior merma la certeza ciudadana y nos imposibilita la evaluación de la seguridad y calidad de los insumos o servicios adquiridos".
La Red dijo confiar en que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), impugnen la norma ante el Poder Judicial, a fin de que la transparencia y competencia en esas compras, estén garantizadas.