Con el objetivo de eliminar la corrupción en los procesos de contrataciones públicas así como los conflictos de interés, diversas instituciones públicas y organizaciones sociales presentaron la propuesta de Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Durante la presentación, Alejandra Palacios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), explicó que se busca que el gobierno compre mejor y el uso de los recursos sea íntegro y más eficiente.
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"Aquí hay cinco instituciones que quieren que el gobierno compre mejor para que los recursos alcancen para más, para que los servicios públicos sean mejores y ponemos nuestra experiencia en un proyecto de ley que ponemos a disposición del Congreso para que entre todos y de manera conjunta logremos un sistema de contratación pública que sea eficaz, eficiente, íntegro y en beneficio de todos los mexicanos", enfatizó.
A decir del Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha podido revertir la tendencia histórica en el país sobre casos de corrupción en el rubro de contrataciones públicas.
"No se ha podido revertir la tendencia histórica de las adjudicaciones directas, históricamente siempre ha estado por encima del 70 por ciento el número de adjudicaciones directas y una de las cosas que anhelábamos es que con el nuevo gobierno se le pudiera dar la vuelta al tema de las adjudicaciones, que fueran 70% las licitaciones públicas y 30 por ciento las adjudicaciones directas, hemos visto que no hemos logrado revertirlo", señaló.
Ricardo Salgado, titular de la secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), admitió que las compras públicas siguen siendo un área de riesgo para la corrupción, y es que casos de soborno pueden alcanzar el 10 y 20 por ciento del valor del contrato.
"Esto no solo implica un bajo desempeño en la economía y la pérdida de la confianza de las instituciones públicas sino también que decenas de ciudadanos no puedan gozar de bienes y servicios para su bienestar", indicó.
La propuesta destaca seis puntos que tienen que ver con el desarrollo y creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y el Instituto Nacional de Contrataciones Públicas en sustitución de CompraNet.
Además se busca establecer mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, e identificación y prevención de posibles conflictos de interés, al integrar al sistema de compras con las declaraciones patrimoniales.
De igual forma, fortalecer las reglas para la planeación de las contrataciones públicas; limitar las causales para entregar contratos de forma directa, y se sanciona con inhabilitación, hasta por cinco años, a empresas que se coludan en concursos públicos. Se informó que en próximos días, se realizará un parlamento abierto para la discusión de la reforma.