Los familiares de las víctimas del multihomicidio cometido en la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México, el 31 de julio de 2015, exigieron a las autoridades capitalinas hacer justicia, investigar a fondo los hechos y cumplir su obligación de garantizar el acceso a la justicia y la verdad.
En una presentación virtual acompañada por la organización Artículo-19, hermanas, madres e hijas de las víctimas del crimen referido, afirmaron que hay una serie de anomalías en el caso y preguntas que las autoridades deben aclarar.
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En ese marco, Gabriela Mejía, hija de Alejandra Negrete; y Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, exigieron justicia; y a las autoridades y sociedad, no ser indiferentes.
Dieron a conocer la carta enviada a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, en la que hicieron una serie de peticiones.
Las solicitudes son, detallaron, establecer la verdad de los hechos registrados el 31 julio 2015, en el departamento ubicado en el número 1909 de la calle Luz Aviñón, en la Colonia Narvarte.
Demandaron aclarar hechos; identificar a todos los autores materiales e intelectuales; cumplir los compromisos hechos por la fiscal en mayo de 2019, de retomar y avanzar en las líneas de investigación sobre las amenazas del gobierno de Veracruz, y contra Rubén Espinosa y el activismo de una de las víctimas.
Exigieron sanción a quienes filtraron información del caso de manera selectiva, incluyendo resultados de exámenes toxicológicos y fotografías; así como a quienes desde la anterior Procuraduría General de Justicia manipularon la investigación.
De igual modo, solicitaron una reunión con la Jefa de Gobierno y la fiscal Godoy Ramos, para conocer los avances de la investigación.
"¿Qué necesita hacer el Estado para que se haga justicia del caso de Alejandra? Me gustaría que se haga justicia y se investigue bien a fondo para dar con los responsables y que tanto la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la fiscal Ernestina Godoy Ramos, se pongan a trabajar para esclarecer el caso del departamento de la Colonia Narvarte y que no quede impune. El Estado necesita hacer valer nuestro derecho de acceso a la justicia y acceso a la verdad", planteó Gabriela Mejía.
"Tenemos muchas preguntas todavía en el aire. Por ejemplo, ¿quién planeó y ordenó asesinar a cinco personas en una céntrica colonia de la Ciudad de México a plena luz del día? ¿Por qué fueron asesinadas y asesinado? ¿Son todos los autores materiales los que se encuentran privados de la libertad hasta el día de hoy? ¿Por qué se filtraron deliberadamente fotografías de las víctimas, de sus exámenes toxicológicos, quiénes fueron responsables de ello? ¿Por qué en tan poco tiempo, luego de haberse cometido los delitos, se descartó el fotoperiodismo de Rubén como móvil?", cuestionó Patricia Espinosa.
Al exigir que no hay indiferencia de las autoridades, lo cual da paso a la impunidad y a la repetición de crímenes como el referido, que implicó cuatro feminicidios y un homicidio, reconocieron que el trato del actual gobierno capitalino ha mejorado y hay mayor sensibilidad hacia los familiares.
Sin embargo, no es suficiente, pues las exigencias de acceso a la verdad, no repetición y no impunidad, no han sido atendidas.
Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz Alfaro, indicó que gobierno anterior, encabezado por Miguel Ángel Mancera, tenía "buena voluntad de resolver", pero la anterior Procuraduría, actual Fiscalía, "se dedicó a obstaculizar, filtrar y revictimizar" a los familiares.
Recordó que en ese momento, las autoridades les dijeron que era una "exquisitez" tener a tres detenidos por el caso, y argumentaron "robo", con el fin de desacreditar el homicidio y feminicidios cometidos.
Agregó que el gobierno anterior no cumplió las recomendaciones del organismo de derechos humanos capitalino, y expresó que cuando se haga justicia, los familiares de la víctima recuperarán la paz.
Subrayó que el trato del actual gobierno local es más cordial, pero las investigaciones siguen "estancadas". "Basta de indiferencia", lanzó.