El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, reconoció que el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal y Presidencia implementarán acciones penales para evitar la evasión y la elusión fiscal a través de la facturación falsa.
En un comunicado, aseguró que la evasión fiscal es un delito y una de sus más agresivas y dolosas modalidades es la compraventa de facturas, que amparan operaciones inexistentes o simuladas que generan ganancias ilícitas multimillonarias.
Indicó que el principal cliente de la facturación falsa "era el sector público, pues operaban con un esquema de múltiples servicios que servían de fachada para la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y facturas falsas" y acusó que en el sexenio de "Enrique Peña Nieto estaban involucrados gobernadores, instituciones educativas y muchas dependencias".
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El líder morenista dijo que el SAT estiman que alrededor de 1.6 billones de pesos han sido facturados por las más de 8 mil 200 empresas consideradas comoemisoras de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas.
Indicó que a nivel legislativo se logró tipificar a la defraudación fiscal y a la compra y venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos, pero dijo que es necesario continuar con las acciones que en conjunto desalienten la existencia de las "empresas factureras".
Por ello, propuso reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para combatir a las empresas fantasmas y la corrupción en el sector público vinculado con estas empresas, para que las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, la Federación, Ciudad de México, Estados, Municipios y sus organismos descentralizados, retengan y enteren parte del IVA causado en la contratación de servicios.
No obstante, explicó que los servicios que presten integrantes del sistema financiero, así como a los servicios de agua potable, suministro de energía, mensajería, hospedaje, restaurantes, telefonía, internet y todos aquellos servicios de alta demanda, quedarían excluidos de dicha obligación.