Las dirigencias del PRD y el PAN interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad para impugnar las reformas a la Constitución de Baja California, por las que se autoriza al gobernador Jaime Bonilla rendir informes mensuales en medios de comunicación y redes sociales.
Ambos institutos políticos solicitaron al Alto Tribunal declarar la invalidez del decreto número 43, mediante el cual se adiciona la base V, del artículo 49 de la Constitución de Baja California.
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Dicha adición establece que "el Gobernador del Estado podrá ser invitado por la mayoría de los Diputados del Congreso para que rinda un informa parcial de actividades cuando éstos lo consideren conveniente. Con excepción de los supuestos previstos en el artículo 100 de esta Constitución, así como las disposiciones en materia electoral, el titular del Poder Ejecutivo podrá informar mensualmente a la población a través de los medios de comunicación y redes sociales, los avances y resultados en la solución de la problemática de la entidad. De la misma forma, el Gobernador del Estado podrá ejercer las facultades contenidas en la presente fracción en uno o varios de los municipios de Baja California".
En entrevista con MVS Noticias, el ex candidato a la gubernatura de aquella entidad, Jaime Martínez Veloz, destacó que con esta reforma, Bonilla Valdez sólo busca promoción personalizada.
"Constitucionalmente está marcado que nadie puede hacer propaganda política, ni con logos, ni con imagen por las acciones de gobierno, y lo que hizo Bonilla fue hacer una reforma realizar informes mensuales que le sirven para estarse promocionando y utilizando recursos públicos para dizque informar mensualmente lo que está haciendo, es un pretexto para promocionarse".
Asimismo, Martínez Veloz consideró que la iniciativa que se impulsa en el Congreso local para reducir a tres años el periodo del próximo gobierno, podría causar efectos criminales para los legisladores.
"Jurídicamente, creo que les va a ir mal, todavía no termina el proceso anterior de la Ley Bonilla uno, hay plazos que estableció la Suprema Corte para restablecer todo el daño que habían ocasionado, ya están con una nueva manipulación que, desde mi punto de vista, esta repetición del acto, con la opinión de algunos magistrados, causaría efectos criminales para los legisladores, porque en la resolución anterior establece que el plazo del próximo gobierno son seis años".
En los próximos días el ministro al que le turnaron ambas acciones de inconstitucionalidad, deberá resolver si las admite o no a trámite.