El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que el homicidio del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, se trata de un “crimen de Estado”.
Al participar en una videoconferencia con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal comentó que desde un primer momento recibió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del gabinete de seguridad, particularmente del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
"Que no haya duda que éste es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo éstas investigaciones".
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Asimismo, Zaldívar Lelo de Larrea reconoció al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien desde un principio "se tomó muy en serio este tema", y acudió con su equipo para hacerse cargo.
"Le tengo confianza personal y profesional al doctor Gertz Manero, estoy convencido de que él entiende la gravedad de este hecho y estoy también cierto de que no se escatimarán esfuerzos en este sentido. También agradezco al gobernador del estado de Colima que hoy se comunicó conmigo para ofrecer toda la coadyuvancia del gobierno del Estado en estas investigaciones".
En este marco, el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Ariel Alberto Rojas Caballero, pidió revisar los protocolos de seguridad de los impartidores de justicia y darles garantías para que puedan llevar a cabo su labor.
"Exigimos a la Fiscalía General de la República el pronto esclarecimiento de los hechos y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia cuanto antes. Asimismo, pedimos revisar los protocolos de seguridad para las y los juzgadores federales para que con sensibilidad, y atendiendo al clima que impera de inseguridad pública y crimen organizado en nuestro país, se le den las garantías judiciales necesarias para poder llevar a cabo su importantísima labor de administrar la justicia federal".
Sobre el tema de la seguridad, Arturo Zaldívar confirmó que el juez Villegas Ortiz renunció a la protección federal con la que contaba y mencionó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal le envió un oficio para que reconsiderara su posición, pero él la ratificó.
Agregó que en contra del impartidor de justicia no existía ni una amenaza y que una vez él les comentó que se sentía muy a gusto sin protección porque no corría ningún riesgo.
A su vez, los presidentes de las dos salas de la Suprema Corte, Juan Luis Alcantará Carranacá y Javier Laynez, también condenaron y expresaron su preocupación por el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa, y exigieron el pronto esclarecimiento de los hechos.