Documentos clave que se consideran indicios de la participación de funcionarios del primer círculo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en el Operativo Rápido y Furioso, fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), para que sean citados a declarar sobre éstos hechos.
La organización (Des)arma México, el Semanario sobre Violencia y Paz y Sch\u00fctte&Dels Gojon Abogados, señalaron a través de Javier Sch\u00fctte en conferencia de prensa, que fueron entregadas a la autoridad, ante quien existe una denuncia por este operativo desde el 2014, documentos como una comunicación entre agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos en la que un agente describe a otro un operativo de trasiego vigilado realizado el 26 de septiembre del 2007, donde se queja de que las autoridades mexicanas "habían perdido de vista el convoy, es decir a los traficantes de armas".
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Pero también se anexaron un informe del Congreso de Estados Unidos en el que el agregado de la ATF discutió la pérdida de las armas con el entonces titular de la PGR; también se documentó que funcionarios de Estados Unidos detallaron a representantes de la PGR y SEIDO, sobre la implementación de Rápido y Furioso e incluso se les "permitió atestiguar desde el centro de comando la operación" que resultó fallida.
De acuerdo a estas evidencias oficiales, estarían enterados y participaron además los exprocuradores Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, además de los titulares de la SEIDO, SSP, CISEN, SEDENA, SEMAR, SAT, SRE y de la Oficina de la Presidencia de la República, por lo que los denunciantes, entre quienes se incluyen Miriam Morales, Santiago Corcuera y Sergio Aguayo, han pedido que sean citados a declarar sobre este operativo.
De acuerdo a Santiago Corcuera, durante el sexenio de Felipe Calderón se registraron más de 120 mil muertes violentas, muchas de ellas perpetradas con armas de fuego que podrían haber sido dispersadas durante este fallido operativo entre los gobiernos de México y Estados Unidos y también aseguró que no es coincidencia que éste operativo se haya realizado durante el gobierno de Calderón y se haya armado a los grupos delincuenciales que desataron dijo "un tsunami de sangre" que llegó incluso al anterior y actual gobierno.
El objetivo de la reactivación de esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, es que se identifique a los altos funcionarios que participaron en las reuniones con autoridades estadounidenses al respecto, que se conozca quienes tuvieron la encomienda de vigilar desde México la entrega controlada de armas y que se perdieron de vista en el trayecto, así como la aprobación y participación de este operativo que mostró dijeron los especialistas y denunciantes, un profundo desprecio por la vida de los mexicanos quienes serían y son las víctimas de la dispersión de armas.