El Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados, expresó su respaldo a Jaquelina Escamilla, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Oaxaca.
La funcionaria fue destituida por el alcalde, con el argumento de que se negó a acatar órdenes y actuó de manera parcial, al no convocar a una conferencia virtual con temática "pro vida".
Información relacionada: PAN llama a crear nueva mayoría en la Cámara de Diputados para 2021
Diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT), Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC), señalaron que el caso puede ser tratado a partir del paquete de reformas avaladas en el estado de Oaxaca y a nivel federal, en materia de violencia política de género.
De modo que el presidente municipal de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, podría ser sancionado conforme a las disposiciones señaladas, recalcó la diputada de MC, Martha Tagle.
\ud83d\udd34 EN VIVO / Conferencia de legisladoras del Grupo Plural para la Igualdad Sustantiva https://t.co/ynXNMKJEZf
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 11, 2020
"Oaxaca es de los estados que ya armonizó todo el paquete en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y que incluso ha ido más allá de las propias reformas federales, entre otras, considerar como una falta grave quienes han cometido violencia política de los servidores públicos. Es considerada una falta y por lo tanto también puede ser sancionada por la Ley de Responsabilidades de los funcionarios públicos del estado de Oaxaca", recalcó la diputada Tagle Martínez.
Al narrar lo sucedido, Jaquelina Escamilla indicó que al intentar transmitir en la página de internet oficial del Instituto Municipal de las Mujeres, el foro virtual "Preservar la vida", a petición del alcalde, se registraron fallas técnicas que impidieron la difusión.
Relató que el foro ordenado por la autoridad municipal no estaba previsto en el programa de foros virtuales del Instituto, aunado a que la temática "pro vida" tenía como fin contrarrestar la difusión de actividades "a favor de la muerte", es decir, de la interrupción legal del embarazo.
Escamilla Villanueva indicó que incluso en esas circunstancias, la instancia a su cargo intentó difundir la actividad ordenada por el munícipe, pero no fue posible por fallas técnicas, lo que provocó su despido, sin que se le haya notificado formalmente la decisión.
Señaló que aunado a las amenazas hacia ella y otras personas, se cometió una injusticia en su caso, se violentaron sus derechos políticos, fue víctima de violencia política de género, al ser cuestionada en la toma de decisiones y hacerla sentir incapaz de ejercer el puesto.
"Yo no esperaba y que creo que va más allá del cargo, por el hecho de ser mujer, porque muchas veces de me cuestionó, tú cómo fue que decidiste. Si bien, tengo que decirlo, me rijo por los Concejos, por una Junta de Gobierno, por un Consejo Consultivo, de manera constante estar en esos días preguntando por qué hice ese tipo de conferencias, también va más allá de pensar que no tengo la capacidad y las atribuciones para hacerlo", detalló.
Agregó que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad (IEEPCO).
Al respecto, la diputada perredista Guadalupe Almaguer subrayó que los hechos configuran la falta de violencia política de género y deben resolverse en tribunales, por tratarse de una violación al derecho de la agredida, a ejercer las funciones públicas que le fueron conferidas.
La coordinadora de la bancada del Sol Azteca en San Lázaro, Verónica Juárez, indicó que con las leyes que sancionan la violencia política de género es procedente dar seguimiento a su caso y demandar sanciones al agresor, en este caso, el presidente municipal de Oaxaca.
La legisladora hizo un llamado a las autoridades ante las que se denunciaron los sucesos y al gobernador de la entidad, a hacer valer las normas referidas.
La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, señaló que la violencia política de género busca anular el ejercicio de los derechos de las mujeres, como sucedió con Jaquelina Escamilla.
Indicó que de ser necesario, las diputadas federales dirigirán escritos y comunicaciones a las autoridades involucradas, para demandar la resolución del caso.
Su compañera de bancada, Aleida Alavez, expresó que la funcionaria local tendrá el apoyo de las congresistas federales, para hacer ver a los "políticos que no entiendan", que están obligados a respetar los derechos de las mujeres y las sanciones contra la violencia política de género ya están contempladas en la ley.