La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la construcción de un parque de energía eólica y solar en Yucatán, debido a que no se realizó la consulta a las comunidades mayas de la región.
Los ministros otorgaron el amparo al ejido de Sinanché contra el permiso que la Secretaría de Energía (Sener) otorgó en 2016 para el proyecto Cansahcab, de la empresa BHCE Yucatán SAPI, que requiere inversión de 496 millones de dólares.
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Los ministros determinaron que la evaluación de impacto social no incluyó una visita de campo de los funcionarios de la Sener, por lo que no se verificó realmente cuáles serían las comunidades afectadas por la instalación de aerogeneradores.
En su resolución, la Segunda Sala ordena a la Sener realizar un reparto equitativo de los beneficios que genera el proyecto, con miras a que las comunidades se conviertan realmente en partes interesadas en el desarrollo del proyecto.
Por otra parte, los ministros le negaron la protección de la justicia federal a la asociación civil Pro Defensa del Ciudadano contra la construcción de una planta de producción de cianuro de sodio para la industria minera en Durango por parte de la empresa canadiense The Chemours Company, que implica la inversión de 3 mil 200 millones de pesos y la creación de mil empleos.
La organización promovió el amparo al argumentar que no se consultó a la comunidad antes de otorgar las autorizaciones en materia ambiental.