La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, ofreció acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de proponer avalen una prórroga a la entrada en vigor de las reformas aprobadas a nivel federal en materia de violencia política de género.
En un foro virtual en materia de reformas en materia de igualdad, la legisladora del PAN recordó que este mes de mayo, se vence el plazo para el avance de reformas electorales, a fin de que apliquen en el siguiente proceso electoral.
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Sin embargo, debido a la suspensión de actividades y el aislamiento social a causa del coronavirus, los congresos estatales no han podido avanzar en la revisión del ordenamiento.
"Pues yo me puedo comprometer a hacer alguna gestión junto con ustedes, si quieren, con la Corte, con el INE, porque sí sería importante que pudiéramos lograr algún acuerdo para que formalmente se extienda el plazo, ante la imposibilidad de sesionar de muchos congresos de los estados y que se puedan extender el plazo para que sean válidas estas reformas para la siguiente elección local, para las elecciones locales. Para las elecciones federales no tendremos problema", apuntó la diputada Rojas Hernández.
En ello coincidió la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJPF), Janine Otálora, quien se unió a la propuesta de la presidenta de San Lázaro, al manifestar que si se otorga la extensión del plazo, sería exclusivamente para las reformas sobre violencia política y paridad de género, el cual se vence 90 días antes del inicio de los procesos electorales.
En representación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE), María de los Ángeles Lozano Mac Donald manifestó que si bien el tipo penal de violencia política de género no es la panacea, servirá para que muchos candidatos y dirigentes, piensen dos veces antes de incurrir en esa falta.
No obstante, manifestó, las sanciones no son lo elevadas que deberían ser.
Agregó que la FEDE tendrá como labor elaborar la Base Estadística de Violencia Política contra las Mujeres, a partir de los datos de las carpetas de investigación que se abran y en coordinación con las fiscalías locales.