En la Cámara de Diputados, la oposición reiteró su exigencia al Ejecutivo Federal, de dar marcha atrás al acuerdo emitido por la Secretaría de Energía (SENER), que frena las pruebas de operación y los nuevos proyectos de energías limpias.
Los diputados perredistas advirtieron que poner alto a las energías renovables, será contraproducente y lejos de darle seguridad al sector en el marco de la contingencia por coronavirus, causará estragos difíciles de superar.
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En tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) sentenciaron que la decisión señalada, tiene como propósito real, manipular el mercado a favor de la Comisión Federal de Electricidad.
En primera instancia, la bancada del Partido de la Revolución Democrática, que pidió a la Comisión Permanente del Congreso llamar al Jefe del Ejecutivo a revertir el Acuerdo por el que se Emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, al cual calificaron como "arbitrario y perjudicial".
Afectará a los consumidores, el abasto de electricidad, las tarifas, la libre concurrencia en el mercado, la transición energética, al medio ambiente, a empresas mexicanas, a inversionistas nacionales y extranjeros, el empleo, las finanzas públicas y normas internacionales, así como el estado de derecho y la certeza jurídica, aseveraron.
Con ello, el país incumplirá el Acuerdo de París, establecido en 2015, para reducir la emisión de contaminantes y utilizar, en el 2024, un 35 por ciento de energía eléctrica "limpia", alertaron.
Añadieron que también se verán afectados directamente 26 proyectos en pruebas o a punto de iniciar pruebas, así como una inversión de más de tres mil 600 millones de dólares, lo que también tendrá un impacto negativo en 16 mil 200 empleos en 14 estados de la República.
Recordaron que organismos reguladores como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (COFEMER), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); así como el Centro nacional de Control de Energía (CENACE), externaron que el acuerdo no cumplió con los procedimientos reglamentarios, atenta contra la competencia y la libre concurrencia, lo que podría provocar alza en las tarifas de electricidad.
De igual modo, sentenciaron que si la cancelación de pruebas en el caso de inversionistas que ya tenían proyectos a punto de operar o en operación, es definitiva, el país tendrá que pagar compensaciones y obligaciones, como ocurrió con el fin del proyecto del Nuevo Aeropuerto.