Ante los señalamientos hechos sobre una eventual militarización de las labores de seguridad pública; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) rechazó esas versiones al argumentar que la participación de las fuerzas armadas no excede lo establecido en la Constitución federal.
La dependencia que encabeza Alfonso Durazo señaló que a diferencia de lo que ocurrió en administraciones pasadas, el acuerdo que se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) regula la participación del Ejército y la Marina, además de que limita cuáles son las funciones que podrán ejercer dichos elementos, vinculándolas a determinados artículos de la Guardia Nacional, y reafirma la obligación de observar la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en materia de seguridad pública.
Mencionó que el apoyo de las fuerzas armadas cumple a cabalidad con los parámetros establecidos por el Constituyente y la Corte Interamericana, es decir, que la participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, especificando de qué forma se cumple con cada uno de los criterios.
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Del mismo modo, la SSPC refirió que si bien hay avances muy importantes en torno a la creación administrativa e implantación territorial de la Guardia Nacional, dicha institución aún se encuentra en proceso de consolidación, sobre todo en lo que hace al despliegue que se requiere para cubrir todo el territorio nacional.
Por este motivo, refirió, se requiere que las fuerzas armadas brinden su apoyo a esta institución de seguridad pública para lograr hacer frente a la delincuencia; lo cual será hasta el 27 de marzo del 2024, día en que concluye la vigencia del acuerdo, dando cabal cumplimiento al plazo de 5 años establecido en la reforma publicada el 26 de marzo de 2019.