En la Cámara de Diputados, durante el parlamento abierto para analizar con especialistas la iniciativa del Presidente de reforma a la Ley de Presupuesto, así como el proyecto de dictamen con cambios que ya circula entre los congresistas, mantiene márgenes de discrecionalidad en la reasignación de recursos en caso de emergencia.
También es poco claro en cuanto a la definición de las emergencias económicas y de salud, que ameritarán hacer ajustes al presupuesto aprobado, para trasladar recursos de dependencias y entidades a fines como mantener los proyectos prioritarios del Ejecutivo, fomentar la recuperación económica, atender propiamente emergencias sanitarias y atender programas en beneficio de la sociedad.
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Así lo plantearon especialistas y legisladores de oposición, convocados al parlamento abierto organizado por la Comisión de Presupuesto de San Lázaro.
Al intervenir, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas manifestó que la Ley de Presupuesto ya contempla mecanismos para que el Ejecutivo Federal reasigne recursos públicos y expresó que la decisión al respecto debe tomarse más allá de partidos políticos, sin violar la Constitución.
"Yo espero y confío en que todos los grupos parlamentarios, las y los diputados podamos decidir sobre este tema de cara a la nación, más allá de partidos y de colores, de acuerdo insisto, salvaguardando lo que ya está en la Constitución y los principios de cualquier régimen democrático", expresó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).
En ese marco, la representante de la organización México Evalúa, Mariana Campos, calificó como inadmisible que se quiera vulnerar la división de poderes, y consideró que la propuesta presidencial no está bien motivada, precisamente porque el Presidente ya cuenta con mecanismos para reasignar el gasto.
La analista agregó que ni el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni el documento modificado que eventualmente aprobarán los diputados federales, dejan en claro el concepto de emergencia.
Agregó que el planteamiento en estudio no resuelve el problema de la contingencia sanitaria, sigue dando pie al uso discrecional del erario y los congresistas debería establecer mecanismos más claros, controlados y definidos, para las reasignaciones presupuestales.
En su oportunidad, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés, expresó que el tope de reasignación de hasta el 10 por ciento del PIB es muy elevado.
Coincidió en que el concepto de emergencia previsto en la propuesta de dictamen no es claro, y en lugar de señalar que su objetivo son los programas prioritarios, debería decir que su motivación son los imprevistos en materia de salud; no debería establecer que su fin es "fomentar" la actividad económica ni orientar las decisiones sobre el gasto público con discrecionalidad, apuntó.
Héctor Juan Villarreal, director de la organización Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, expresó que en lugar de reformar la Ley de Presupuesto en los términos planteados por el Primer Mandatario, sería más conveniente que envíe a la Cámara de Diputado una presupuesto modificado.
Apresurar la reforma al ordenamiento referido, opinó, no es lo más adecuado.
A su vez, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM añadió que no está claro de qué bolsas de recursos echará mano el Presidente para mover el presupuesto de las dependencias y programas a emergencias como las previstas.
Debería aclarar si los recursos involucrados también corresponden a organismos autónomos y a las participaciones federales para los estados.