Grupo Salinas forma parte de la lista de empresas con presencia en 12 entidades, quienes a pesar de estar obligadas a parar labores por no considerarse esenciales, siguen obligando a sus trabajadores a acudir a sus centros de trabajo, evidenció la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Al realizar un balance sobre el resultado del Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 30 de marzo, que establece la suspensión obligatoria de todas las actividades no esenciales, señaló que existen empresas que incluso han puesto en riesgo a sus trabajadores e incluso a la población en general.
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Dentro de las denuncias interpuestas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por personas que han sido obligadas a continuar trabajando, el 32.1% son de personas con factores de riesgo ante COVID-19 y 18.2% son de personas que, sin realizar alguna actividad esencial, siguen asistiendo a trabajar.
En 12 entidades federativas se han registrado movilizaciones de diversos sectores económicos, formales e informales.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reporta la movilización 340 trabajadores de tres maquiladoras, exigiendo paro técnico para evitar contagios por SARS-CoV2, y pidiendo la garantía del 100% de su salario y prestaciones.
En Chihuahua, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó sobre el fallecimiento de 13 trabajadoras de la maquiladora Lear Corporation. Es importante resaltar que, hasta el 14 de abril, de 16 fallecimientos registrados en el estado, 13 eran de trabajadoras de la maquila.
En Baja California se registran 60 casos confirmados de personas trabajadoras de maquilas que contrajeron COVID-19, hasta el 22 de abril, de acuerdo con datos del IMSS y en voz del Secretario de Salud del estado.
"Grupo Salinas se ha negado a cerrar sus negocios con servicios no esenciales. También existen denuncias en algunos diarios de circulación nacional sobre despidos injustificados y contagios por COVID-19 entre sus empleados", aseguró la Subsecretaría.
La suspensión de actividades laborales no esenciales es clave para lograr la reducción de la movilidad en el espacio público y, por tanto, frenar la propagación de la epidemia. Las autoridades tienen el deber de vigilar el cumplimiento de estas medidas y sancionar administrativamente a los infractores.